Un análisis demoledor de la Contraloría General de la República evidencia irregularidades en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón. El informe, que cubre los años 2017 y 2018, detecta casi 200 construcciones sin permiso en el borde costero del Lago Villarrica, principal recurso turístico de la zona. La Voz… inicia una serie de reportajes basados en este documento.
El informe revela que 195 edificaciones, equivalentes al 36% del total de 547 inmuebles analizados, no cuentan con permiso de edificación. Estas construcciones, ubicadas en zonas con posibles condiciones para regularizarse, no fueron fiscalizadas adecuadamente por la DOM, incumpliendo el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).
Esta omisión implica que el municipio dejó de recaudar más de $65 millones por derechos municipales relacionados con permisos de edificación. Además, se dejaron de cobrar multas que podrían haber alcanzado entre 195 y 975 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a más de $9 millones y hasta casi $50 millones.
El informe ordena iniciar procesos legales durante 2021, comenzando con al menos 30 viviendas en 60 días hábiles.
El estudio fue motivado por la declaración del Lago Villarrica como «zona saturada» en 2017, debido a la superación de parámetros ambientales clave como clorofila ‘a’, transparencia y fósforo. Esta condición se atribuye en parte a infiltraciones de aguas servidas de sistemas individuales de viviendas en la ribera.
El objetivo fue identificar construcciones que afectaran la calidad del agua y verificaran el control y regularización ejercidos por la Municipalidad de Pucón. Además, el informe identifica 76 construcciones con permisos vigentes pero sin recepción final, por lo que recomienda un programa de regularización integral para todas estas viviendas durante 2021, evaluando incluso la demolición en casos irregulares.
La directora de Obras, Lorena Fuentes, acusó que el abogado municipal Christian Águila bloqueó funciones fiscalizadoras al favorecer acuerdos que beneficiaron al empresario inmobiliario José Miguel Martabid. Este último construyó una casa de más de 3.000 m² con permiso solo para 260 m².
El informe critica el acuerdo legal alcanzado sin considerar los argumentos técnicos de la DOM y alerta que dicha actuación desmotiva a los funcionarios. Águila respondió que su rol se ajustó a la normativa vigente y que el acuerdo solo busca dar tiempo para conseguir permisos sectoriales que permitan la regularización, aunque el juez del Juzgado de Policía Local calificó el avenimiento como “contrario derecho”.
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