El empresario inmobiliario José Miguel Martabid pagó recientemente una multa superior a los $124 millones por la construcción irregular de una mansión en el sector de Correntoso, ubicado en el borde del Lago Villarrica.
Según los registros oficiales, Martabid contaba con un permiso de edificación autorizado para construir una vivienda de 263 metros cuadrados, pero finalmente levantó una mansión que supera los 4.000 metros cuadrados, lo que originó un largo proceso judicial. La multa fue confirmada por el Juzgado de Letras y posteriormente ratificada por la Corte Suprema tras el rechazo de recursos interpuestos por la defensa.
El pago de esta millonaria multa ya fue realizado mediante un vale vista a favor de la Municipalidad de Pucón, lo que representa un ingreso para las arcas municipales. Sin embargo, la multa no pone fin a la controversia, ya que el caso ha dado paso a un debate sobre la posible demolición de esta mansión irregular, tema que se encuentra en análisis en las autoridades locales.
A principios de 2023, el director de Obras Municipales de Pucón, Claudio Painepán, remitió una solicitud formal al alcalde Carlos Barra para que se decrete la inhabitabilidad de una serie de viviendas irregulares ubicadas en el borde del Lago Villarrica. Entre estas viviendas se encuentra la mansión de Martabid, que no cuenta con recepción municipal ni permisos legales completos.
El alcalde remitió esta solicitud a la Unidad Jurídica municipal para su análisis, proceso que aún no ha concluido. La decisión de ordenar la demolición de estas viviendas es compleja debido a aspectos legales, sociales y económicos. Además, la mansión Martabid no es la única construcción en esta situación; se trata de un grupo de aproximadamente 30 casas con irregularidades similares.
La demolición de la mansión irregular de Martabid representa un desafío importante para la municipalidad. Se estima que el costo de los trabajos de demolición podría superar los $500 millones, monto que inicialmente sería cubierto por la municipalidad para luego intentar recuperar los fondos a través de acciones judiciales contra el empresario.
Este proceso también podría generar nuevas aristas legales que prolongarían el conflicto, retrasando la resolución definitiva. Por otro lado, el desarrollo del nuevo Plan Regulador Intercomunal (PRI) en la zona añade incertidumbre, ya que su aprobación está estancada entre la Contraloría y la Seremi de Vivienda. El nuevo PRI podría abrir la puerta a la regularización de esta mansión y otras viviendas cuestionadas, o bien, obligar a mantener la exigencia de demolición.
Finalmente, se baraja la posibilidad de que la defensa de Martabid intente nuevos enfoques de regularización, como el cambio de uso de la propiedad a fines hoteleros, lo que implicaría diferentes requisitos y factibilidades.
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