Desde el pasado jueves se habían movilizado en procura de mejoras salariales, pero la mesa de diálogo no logró llegar a acuerdos

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Luego de que se rompiera el diálogo entre la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenajaj) y los representantes del gobierno, decidieron que se irán a paro indefinido a partir del próximo viernes 2 de abril, lo que dejará totalmente desprovistos de asistencia judicial, a miles de personas a lo largo de todo Chile.

Como se recordará, el pasado jueves se produjo un paro de los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial que en Angol se hizo visible, por lo que se esperaba que se pudieran retomas las conversaciones para así evitar una medida más radical.

No obstante, tal y como informó la representante de la Asociación de Funcionarios de la Región de La Araucanía, Mariela Cuevas Benavides, el diálogo se quebró por lo que el paro indefinido es indetenible.

Dentro de su pliego de peticiones, destacan falta de dotación, escasez de recursos e infraestructura en los Centros Socio-Jurídicos, postergación en el reemplazo de licencias médicas, casos recurrentes de daño a la salud mental, sumado al incumplimiento de un protocolo de homologación suscrito en agosto del 2023 para mejorar especialmente la condición salarial de los estamentos más precarizados, firmado por el entonces subsecretario de Justicia, hoy ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

El comunicado suministrado señala que “el 17 de abril de 2025, cerca de las 20 horas, las Direcciones Generales de las 4 CAJ del país difundieron un comunicado que lleva el logo de la Subsecretaría de Justicia, en que se señala, según sus propios dichos:

Que habría acuerdo en 7 de los 8 puntos que contiene el petitorio relevado por FENADAJ. Que el único escollo para cerrar el acuerdo se circunscribiría a la propuesta económica correspondiente al cumplimiento del protocolo suscrito con la autoridad en agosto de 2023.

Que, en ese orden de ideas, el tenor del documento que nos ocupa claramente imputa toda la responsabilidad en el fracaso de las tratativas a esta Directiva, situación que no podemos si no representar de la forma más enérgica. El comunicado gubernamental raya en la práctica antisindical, constituyendo por si una falta de respeto a la necesaria horizontalidad que debe darse en el trato que todos los incumbentes esperamos y exigimos.

Olvida la autoridad, señalar que, si nos encontramos en el trance actual, es solo por su desidia para avanzar en temáticas que tenían un Itinerario claramente definido, el que nunca cumplió.

De acuerdo al protocolo de homologación la oferta económica referida a los estamentos profesionales debió concluirse el último trimestre de 2024, misma que solo se conoció una vez declarado el estado de movilización de los trabajadores y trabajadoras de las CAJ en abril de este año.

Olvida también la autoridad, las múltiples peticiones para establecer una mesa que se abocara a debatir sobre la recarga laboral de las líneas de Infancia, conversaciones en que su posición solo cambió estando decretado actual paro nacional.

También olvida la contraparte, que su última propuesta económica es inferior a aquella que formuló en la primera conversación con nuestra Directiva, desconociendo por último que esa oferta fue desahuciada unánimemente por nuestras bases sin una sola disidencia, mediante consulta a los 8 gremios que conforman nuestra federación.

Señala además que la movilización en curso afecta directamente el acceso a la justicia de niños niñas y adolescentes cuyos derechos están garantizados por nuestra Carta Fundamental, pero nada dice de la imposibilidad de brindar asistencia seria a este segmento de la población, cuando los profesionales responsables de ello, no tienen capacidad física para responder a estos requerimientos, acuciados por una carga laboral que llega hasta niveles Indecibles, esto es hasta 800 causas por profesional y claro nada dice respecto a los 32 profesionales de las ODAM, que tienen sobre sus espaldas la representación de toda la población adulto mayor del país (3.5 millones de personas) sin soporte administrativo alguno ni esperanzas de contar con presupuesto para Incrementar su staff profesional.

¿Qué podemos esperar de esta conducta del ejecutivo, es seria su oferta?, ¿son plausibles sus argumentos? Un manto de dudas cae sobre su accionar, cuando endosa a los representantes de los trabajadores, su falta de previsión en estas temáticas tan sensibles.

El Estado debe asumir su responsabilidad ahora. No basta con declaraciones de buenos intenciones, la palabra empeñada debe honrarse, sin más demora.

Necesitamos y exigimos medidas inmediatas que den cuenta del estado actual de cosas, las mesas que eventualmente se instauren deben abordar de forma inmediata las carencias denunciadas estableciendo plazos acotados en que debe darse solución a estas demandas.

Repudiamos, por último toda criminalización de un movimiento que es legítimo y no antojadizo. En este escenario, asumiremos las consecuencias que conlleva hablar con la verdad y no trepidaremos en ejercer todas las acciones que posibiliten dar una salida efectiva a esta situación calamitosa”.