Caso Gastón Muñoz reabre debate sobre instrumentalización de causas judiciales en campañas municipales

El reciente sobreseimiento del exconcejal y excandidato a alcalde de Lautaro, Gastón Muñoz, en una causa por violencia intrafamiliar, ha puesto en el centro del debate una práctica preocupante: el eventual uso de denuncias judiciales como estrategia de deslegitimación electoral en comunas políticamente competitivas de La Araucanía.

El caso: denuncia sin pruebas y sobreseimiento definitivo

En abril de 2024, la madre de los hijos de Muñoz lo denunció por presuntas amenazas ocurridas tras el término de la relación. En plena campaña municipal, la acusación fue ampliamente difundida en redes sociales y utilizada para cuestionar su idoneidad como candidato.

Sin embargo, el tribunal de justicia declaró extinguida la acción penal por falta de pruebas, lo que significó el sobreseimiento definitivo del caso.

“Jamás en mi vida le he tocado un pelo a una mujer, ni lo haría. Me hicieron un video con fines políticos para perjudicarme”, declaró Muñoz tras conocerse la resolución judicial.

Un patrón emergente en escenarios electorales

El caso de Muñoz no es aislado. En los últimos procesos electorales municipales en La Araucanía y otras regiones del país, se ha registrado un aumento en la judicialización de candidaturas, especialmente a través de denuncias de violencia intrafamiliar, corrupción o faltas a la probidad administrativa.

En varios de estos casos, las denuncias no terminan en condenas ni formalizaciones, pero cumplen un objetivo político inmediato: dañar la imagen del candidato, frenar su campaña o generar desconfianza pública en momentos clave.

Expertos advierten: denuncias legítimas no deben politizarse

Diversas organizaciones feministas y jurídicas han advertido que este fenómeno, además de dañar carreras políticas, pone en riesgo la credibilidad de las verdaderas víctimas y debilita la lucha contra la violencia de género al asociarla con operaciones políticas.

“Instrumentalizar denuncias de violencia intrafamiliar como herramienta electoral es doblemente grave: se banaliza la violencia contra las mujeres y se utiliza el sistema judicial como campo de batalla política”, señala una abogada experta en derecho electoral consultada por este medio.

¿Vacíos legales o falta de regulación?

Actualmente, no existe un protocolo claro que impida la difusión pública de denuncias no formalizadas en contextos electorales. Tampoco hay un resguardo efectivo para candidatos que, una vez sobreseídos, no logran revertir el daño reputacional sufrido durante la campaña.

Gastón Muñoz no descarta volver a postularse, aunque admite que el proceso fue «tortuoso» y que las secuelas políticas aún persisten.