Multa por no votar en Chile: esa es la medida que se acerca cada vez más a convertirse en ley. Con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto que establece sanciones económicas para quienes no concurran a sufragar. La iniciativa, impulsada por la diputada Joanna Pérez, busca reforzar el voto obligatorio y fue devuelta a la Comisión de Gobierno Interior para un segundo informe, luego de recibir diversas indicaciones.
El proyecto modifica la Ley 18.700 y establece que quienes no voten deberán pagar entre media y tres unidades tributarias mensuales (UTM), lo que actualmente equivale a multas entre $34.461 y $206.769. Los recursos recaudados irán en beneficio de los municipios. Importante: esta norma solo aplicará a ciudadanos chilenos y no a inmigrantes avecindados en el país.
El texto establece una serie de situaciones en las que el elector podrá excusarse de votar sin recibir la multa, siempre que la razón esté debidamente acreditada ante la autoridad:
Las excusas podrán presentarse a través del sitio web del Servicio Electoral (Servel) o directamente en Carabineros, quienes emitirán un certificado correspondiente. Asimismo, las personas que cumplan funciones electorales quedarán exentas del pago.
Sí. El proyecto contempla que las personas que hayan votado en las últimas elecciones puedan acceder a incentivos estatales, que serán definidos por el Ministerio del Interior a través de un reglamento. Aunque aún no se detallan los beneficios específicos, la medida busca fomentar una cultura de participación.
Durante la discusión en sala, los sectores de la oposición defendieron el proyecto como una forma de dar contenido efectivo al voto obligatorio. Desde el oficialismo, en cambio, hubo reparos: algunos criticaron que se legisle “a la rápida” y que la vía no es la sanción, sino la educación e información ciudadana.
Uno de los puntos más controvertidos fue la situación del voto de los extranjeros. Mientras la oposición apoyó que los nacionalizados puedan participar, algunos sectores oficialistas propusieron restringir su derecho a elecciones municipales y regionales, dejando fuera los comicios presidenciales y parlamentarios.
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