La organización ambientalista estudia acudir al tribunal ambiental de Valdivia para revertir la situación y proteger un ecosistema frágil en el brazo del río Trafampulli. A pesar de que la municipalidad formó parte del proceso en instancias anteriores, el sistema del Poder Judicial no registra su participación directa en el fallo del máximo tribunal.
El reciente fallo de la Corte Suprema, que respalda a la Dirección General de Aguas (DGA) para restablecer el pretil que bloquea el flujo del brazo del río Trafampulli hacia el lago Caburgua, generó preocupación entre vecinos y organizaciones ambientales. Estos grupos habían impulsado recursos de protección buscando evitar el cierre hasta la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dada la importancia ecológica del brazo fluvial y su influencia en la biodiversidad local.
En este contexto, la Fundación Caburgua Sustentable envió una carta al municipio solicitando al alcalde Sebastián Álvarez pronunciarse como representante de la municipalidad. Nancy Domínguez, representante de la fundación, explicó que la intención es resguardar el ecosistema particular que ha surgido en el brazo del Trafampulli, considerando su rol en la conectividad hídrica, la fauna acuática y la vegetación ribereña.
Aunque la municipalidad participó activamente en la Corte de Apelaciones durante la administración anterior, el registro de la Suprema no indica intervención en esa instancia, dejando a la comunidad ambiental sin un respaldo directo en la etapa final. La fundación analiza ahora la posibilidad de recurrir al tribunal ambiental de Valdivia, presentando evidencia técnica que resalte la necesidad de mantener abierto el brazo del río para proteger especies locales y funciones ecológicas clave. El objetivo inicial sería solicitar una medida cautelar mientras se tramita un eventual recurso.
El cierre del brazo del Trafampulli afectaría no solo el nivel del lago Caburgua, sino también la dinámica de los ecosistemas asociados. Investigaciones previas sugieren que la interrupción del flujo hídrico puede alterar la reproducción de especies acuáticas, la dispersión de sedimentos y la regeneración de vegetación ribereña.
El conflicto se remonta a la primera década del siglo XXI, cuando vecinos del lago Colico denunciaron la intervención del propietario del fundo Llanqui Llanqui, quien había modificado el cauce del río. La DGA ordenó levantar un pretil para restringir el flujo hacia Caburgua. Tras años de sequía, el lago experimentó niveles históricamente bajos, motivando la movilización de organizaciones ambientales y vecinos que exigían la apertura del brazo del río para restaurar el equilibrio hídrico y ecológico.
En 2022, una comunidad mapuche decidió abrir el dique, restableciendo el flujo hacia el lago. Sin embargo, la DGA, tras recibir un informe favorable de la Contraloría, ordenó un nuevo cierre, lo que derivó en los recursos de protección interpuestos por vecinos y la municipalidad de Pucón.
El debate ahora se centra en conciliar la gestión de recursos hídricos con la protección ambiental, considerando los efectos del cambio climático, la sequía prolongada y la necesidad de estudios científicos que respalden decisiones sostenibles. La atención se mantiene sobre la postura que adoptará la municipalidad y las futuras acciones legales que puedan emprender las organizaciones para proteger el brazo del río Trafampulli y el lago Caburgua.
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