El exgobernador de La Araucanía habló públicamente sobre la investigación que mantiene en prisión preventiva al diputado desaforado Mauricio Ojeda y sobre cómo este episodio impactó su gestión y decisiones políticas, dejando entrever la complejidad de manejar recursos públicos en su administración y su posible regreso a la vida pública.
Durante la Tercera Cumbre Agrícola, Luciano Rivas, exgobernador de La Araucanía, se refirió a la situación de Mauricio Ojeda como “muy dura, triste y lamentable”. Ojeda se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en la arista Manicure del caso Convenios, que investiga la entrega irregular de fondos del Gobierno Regional a fundaciones privadas.
Rivas explicó que durante su gestión no tenía conocimiento sobre el destino de los recursos del GORE Araucanía, subrayando que su rol como autoridad no le permitía vigilar directamente todas las operaciones financieras:
“Fue algo doloroso y difícil; de no ser por el caso Convenios, habría ganado la reelección”.
El exgobernador reconoció que el caso representó un golpe personal y político, afectando incluso sus aspiraciones de continuar en el cargo, y señaló que, tras tres años y medio de intensa gestión, ha decidido tomarse un descanso de la política activa para analizar y recargar energías.
Aunque actualmente alejado de la contingencia política, Rivas no descartó un regreso futuro a la vida pública:
“Uno siempre tiene que estar disponible para avanzar cuando se le requiere como país”.
En cuanto al panorama presidencial, manifestó su apoyo a Evelyn Matthei como candidata de la UDI, agregando que la derecha debe cuadrarse detrás del candidato que corresponda, si su opción no avanza a segunda vuelta. Sus declaraciones reflejan una postura pragmática, enfocada en la unidad del sector político y en la gobernabilidad.
El diputado Mauricio Ojeda fue desaforado y actualmente cumple prisión preventiva, siendo investigado por presunto fraude al Fisco y corrupción, específicamente en la arista Manicure del caso Convenios. Esta investigación apunta a la entrega irregular de fondos del GORE Araucanía a fundaciones privadas, afectando la transparencia y confianza en la administración regional.
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