Las acciones judiciales interpuestas por el Colegio de Periodistas de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fueron admitidas por el Juzgado de Garantía de Victoria. La causa busca establecer responsabilidades penales por la agresión sufrida por un equipo de prensa de UATV durante una cobertura en marzo de 2024.
El Juzgado de Garantía de Victoria asumió competencia en las querellas presentadas por el Colegio de Periodistas de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras la agresión sufrida por un equipo de prensa del canal UATV, incidente ocurrido el 15 de marzo de 2024 en las cercanías del peaje Púa, Región de La Araucanía.
Según los antecedentes, el hecho ocurrió durante la cobertura de una manifestación del Gremio de Agricultores de La Araucanía, instancia que terminó con la detención del camarógrafo Javier López mientras transmitía en vivo para la señal televisiva. En el mismo incidente, la periodista Constanza Vásquez resultó afectada por el uso de gas pimienta por parte de efectivos de la Prefectura de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.
El registro audiovisual del momento mostró cómo López fue reducido violentamente por funcionarios policiales, sin explicación aparente, permaneciendo siete horas detenido en un cuartel policial sin que se formularan cargos en su contra. La situación fue ampliamente repudiada por organizaciones gremiales y de derechos humanos, que denunciaron una vulneración directa a la libertad de prensa y al derecho a informar.
El abogado del Colegio de Periodistas de Chile, Juan Pablo Jaramillo, señaló que “estos hechos vulneran derechos consagrados en la Ley N°19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, así como lo estipulado en la Constitución en su artículo 19, número 12”.
La querella interpuesta por el Colegio de Periodistas busca determinar responsabilidades penales por el delito contra los Derechos Humanos de “vejaciones injustas” y “obstaculización de la libre difusión de informaciones”, tipificados y sancionados en la Ley de Prensa.
El abogado querellante destacó la relevancia de este proceso judicial, afirmando que “el hecho sienta jurisprudencia en materia de Ley de Prensa, fortaleciendo la protección de la labor periodística, la cual —además de informar a la opinión pública— ha sido un pilar fundamental para las investigaciones del Ministerio Público y las policías”.
Por su parte, el presidente regional del Colegio de Periodistas de La Araucanía, Carlos Valverde Ortega, expresó que “para nuestro gremio estos hechos son muy graves, dado que Javier fue detenido de forma arbitraria mientras desempeñaba su labor informativa. De hecho, se encontraba transmitiendo en vivo cuando la cobertura fue abruptamente interrumpida, vulnerando los derechos que protege la Ley de Prensa”.
Tanto el Colegio de Periodistas como el INDH recalcaron que continuarán monitoreando el avance judicial del caso y prestando apoyo al equipo de prensa afectado, subrayando la necesidad de que las instituciones del Estado garanticen el libre ejercicio del periodismo sin temor a represalias ni violencia institucional.
Con la decisión del Juzgado de Garantía de Victoria, la causa entra en una nueva etapa procesal, consolidando un precedente clave para la defensa de la libertad de expresión y el trabajo de los medios regionales. Este hito no solo busca reparación para los afectados, sino también reafirmar el rol esencial que cumple la prensa en una democracia.
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