El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco dictó una dura sentencia contra un docente de Lautaro que abusó de una estudiante al interior de una sala de clases. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos educacionales y estrictas medidas de vigilancia buscan garantizar la protección de la víctima y prevenir nuevos hechos.
A 4 años de libertad vigilada fue condenado el profesor Pascual Huencho Catrileo, de 67 años, tras ser declarado autor del delito de abuso sexual cometido contra una estudiante del Liceo Jorge Teillier de Lautaro. El hecho ocurrió el 18 de agosto de 2022, dentro de una sala de clases del establecimiento, donde el docente aprovechó su rol de autoridad para cometer la agresión.
El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco determinó además la inhabilitación perpetua del profesor para ejercer funciones en el ámbito educacional, así como para ocupar cualquier cargo similar que implique contacto o responsabilidad con estudiantes. Esta medida fue considerada clave por la Fiscalía para evitar que el condenado vuelva a desempeñar labores que pongan en riesgo a menores de edad.
La sentencia fue dictada por los magistrados Roberto Herrera, Jorge González y Leonel Torres, quienes valoraron la contundencia de los antecedentes aportados durante el juicio.
Durante el juicio oral, el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velásquez, expuso una serie de testimonios, peritajes y otras pruebas relevantes que permitieron acreditar la participación del docente en el abuso. Estos antecedentes lograron formar convicción en el tribunal respecto de la responsabilidad penal del imputado.
La Fiscalía precisó que los hechos configuraron el delito de abuso sexual con circunstancias de estupro, debido a la relación asimétrica de poder existente entre un profesor y su estudiante, contexto que fue determinante para la calificación jurídica del caso.
El persecutor valoró la resolución dictada por el tribunal, destacando que se impusieran sanciones proporcionales a la gravedad del caso y medidas complementarias que aseguren la protección de la víctima a largo plazo.
Además de la libertad vigilada intensiva durante cuatro años, el tribunal ordenó que el profesor quede bajo supervisión de la autoridad por un periodo adicional de diez años una vez cumplida la condena principal. Esta medida busca prevenir riesgos futuros y garantizar que el sentenciado mantenga una conducta adecuada bajo estricto control.
El condenado también quedó con prohibición absoluta de acercarse a la víctima, ya sea de manera física, por medios digitales o a través de terceros. Esta restricción es de carácter total y se mantendrá durante todo el periodo que determine la autoridad competente.
La resolución reafirma la importancia de sancionar con firmeza este tipo de delitos cometidos en contextos educativos, donde la confianza y seguridad de los estudiantes deben mantenerse como un estándar fundamental.
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