El Colegio de Profesoras y Profesores, junto a los 16 gremios de la Mesa del Sector Público, entregó un petitorio que exige un reajuste real del 2% sobre el IPC y mejoras estructurales para dignificar el trabajo estatal.
Junto a las 16 organizaciones que conforman la Mesa del Sector Público (MSP), el Colegio de Profesoras y Profesores entregó oficialmente su petitorio para las negociaciones de reajuste 2025. La propuesta central plantea un aumento real del 2% por sobre el IPC, con el objetivo de enfrentar el alza del costo de vida y recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores del Estado.
El presidente del gremio docente, Mario Aguilar Arévalo, destacó que el documento “es un petitorio común que demanda la defensa y dignidad del trabajo público”. Enfatizó que los docentes son parte fundamental del sector estatal y hoy enfrentan una campaña “orquestada para denigrar y desvalorizar su labor”.
Aguilar remarcó el rol esencial que cumplen los profesores y profesoras en todo el territorio nacional: “En cada rincón del país hay una escuela pública en la que está trabajando un docente. Incluso en los lugares más aislados, haciendo patria, haciendo Estado”.
Por ello, el gremio sostiene que el reajuste debe ser coherente con la importancia social de las funciones que realizan miles de trabajadores públicos, no solo del ámbito educativo sino de todas las áreas del Estado.
Según el dirigente, otorgar un aumento inferior al IPC sería “una vergüenza”, pues implicaría desconocer las necesidades reales de quienes sostienen la operación diaria del aparato público. “El Gobierno no puede seguir pensando en un reajuste que ni siquiera alcanza al IPC, porque eso significaría que no está del lado de los trabajadores”, advirtió.
El petitorio también incluye una propuesta para establecer un ingreso mínimo por estamento dentro del sector público:
La MSP plantea que estos montos son necesarios para avanzar hacia condiciones laborales dignas y acordes a la realidad económica del país.
Además, solicitan mejoras a bonos y asignaciones históricas como los de Navidad, Fiestas Patrias, vacaciones y término de conflicto. El objetivo es que estos beneficios reflejen de manera más justa el costo de la vida actual y la realidad salarial de los funcionarios y funcionarias.
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