#Columna de Opinión

Cuando el poder pierde la vergüenza, desaparece la frontera entre ética, inmoralidad y delito

Por Marcelo Trivelli

La confianza es el cimiento invisible de un país. Es lo que sostiene todo: el Estado de Derecho, la economía y la convivencia democrática. Cuando la confianza se rompe, no se quiebra solo un vínculo simbólico: se derrumba la estructura misma sobre la que se sostiene la vida en común. Y Chile lleva años erosionando esa base sin querer reconocerlo, aunque la realidad lo muestre todos los días.

El reciente episodio de los parlamentarios Cristián Araya y Matías Walker —quien sin pudor admitió haber recibido 1,7 millones de pesos del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, involucrado en la causa “La muñeca bielorrusa”— es otra señal inequívoca de la decadencia pública que enfrentamos. Una decadencia donde se borró toda frontera entre la falta ética, la inmoralidad y lo derechamente delictivo.

Esta descomposición cívica no surgió de un día para otro. Se incubó durante años en un ecosistema político que normalizó las defensas corporativas, los favores cruzados y los pactos tácitos. También la opacidad en los nombramientos de autoridades clave: ministros de Corte Suprema, cortes de apelaciones, fiscal nacional, fiscales regionales, notarios, conservadores y cargos de gobierno. La élite política y jurídica se fue encapsulando en una lógica de autoprotección que terminó borrando todos los límites.

Lo que antes era una falta ética pasó a considerarse “uso y costumbre”. Lo inmoral se justificó como “criterio político”. Y los delitos comenzaron a maquillarse como simples “errores”. En este contexto, cabe preguntarse si Chile se aproxima nuevamente a un pacto similar al de 2015, cuando se nombró al fiscal nacional Jorge Abbott con el objetivo práctico de cerrar causas por financiamiento ilegal de la política. Su llegada, junto a la salida del director del SII, terminó por desactivar querellas y reducir la trama “dinero y política” a casi nada.

La mayoría de los casos no prosperó. Y en el juicio más largo de la historia reciente, dos juezas justificaron su absolución afirmando que Pablo Longueira no actuó como autoridad pública porque gestionó un articulado legal usando su correo personal y no el institucional del Senado. Esta racionalización retrata con crudeza la escala moral en la que se ha movido gran parte del poder en Chile.

El problema no es solo ético, sino estructural. Cuando las autoridades cruzan simultáneamente la frontera entre lo ético, lo inmoral y lo delictivo, socavan el Estado de Derecho desde dentro. Debilitan sus pilares y erosionan su legitimidad. Y cuando el Estado de Derecho se debilita, la confianza desaparece. Sin confianza no hay inversión, innovación, crecimiento ni convivencia democrática. El verdadero riesgo país hoy es la degradación moral de quienes deberían proteger las instituciones.

Son muy pocos los que se atreven a denunciar esta decadencia pública. Por eso es tan valiosa la voz del arzobispo Fernando Chomali, quien escribió: “Jóvenes, les pido perdón por el país que les hemos dejado. La corrupción, el tráfico de influencias y la desvergüenza son la causa de sus dificultades para estudiar, proyectar su futuro y tener esperanza”. Sus palabras duelen, sí, pero más duele que esta autocrítica honesta sea la excepción y no la regla.

Se echa de menos la voz de los partidos políticos, de los gremios profesionales y empresariales, de los trabajadores, y también de una sociedad civil que hoy se mantiene escondida tras el impacto del caso “fundaciones”. Chile no solo perdió confianza: perdió su brújula moral. Y cuando un país pierde su brújula moral, pierde también su capacidad de proyectarse hacia el futuro.

La degradación ética no es un debate moralista. Es el mayor riesgo político, económico y social de nuestra época. Porque cuando las élites pierden la vergüenza, el país pierde el rumbo.

director

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