El Sistema de Alta Dirección Pública analiza una eventual vulneración a la declaración jurada presentada por el actual director del Servicio de Salud Araucanía Norte, tras antecedentes que indican que mantenía sumarios administrativos vigentes al momento de su postulación.
El Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), creado en 2003 para fortalecer la transparencia y profesionalización del Estado, enfrenta un nuevo cuestionamiento tras confirmarse una investigación contra el actual director del Servicio de Salud Araucanía Norte, Jorge Montes Coronado.
El directivo asumió oficialmente el cargo el 1 de agosto de 2025, luego de ser nombrado por el Presidente Gabriel Boric mediante concurso ADP. Como parte del proceso de selección, Montes debió completar una declaración jurada donde se le consultó explícitamente si mantenía sumarios administrativos o procesos disciplinarios en curso. La respuesta fue negativa.
Sin embargo, antecedentes conocidos posteriormente indicarían que dicha declaración no se ajustaría a la realidad, lo que pone en entredicho uno de los pilares centrales del sistema: la honestidad de los postulantes.
Según una denuncia exclusiva entregada a AraucaniaDiario por una funcionaria del sector salud, Jorge Montes mantenía dos procesos administrativos en desarrollo al momento de postular al cargo directivo, los cuales no habrían sido informados ni al Ministerio de Salud ni al Servicio Civil.
De acuerdo con la denunciante, la declaración jurada fue firmada el 17 de marzo de 2025, fecha en la que los sumarios aún se encontraban abiertos. “No informando al Minsal ni al Servicio Civil al momento de su postulación”, señaló, asegurando además contar con documentación oficial que respalda lo expuesto.
De confirmarse estos antecedentes, el caso no solo afectaría la situación administrativa del director, sino que también tensiona la credibilidad del proceso de selección en cargos estratégicos del Estado.
Desde el Servicio Civil confirmaron que la situación está siendo investigada, luego de recibir un oficio enviado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
“El proceso concursal cumplió todas las fases establecidas en la Ley 19.882. No obstante, se recibieron antecedentes que están siendo analizados para determinar si se vulneró o no la declaración jurada”, indicaron desde el organismo.
En caso de acreditarse la entrega de información falsa, el escenario podría escalar a un nuevo sumario administrativo, esta vez orientado a evaluar la eventual destitución del cargo, dado que la declaración jurada constituye un requisito esencial para acceder a posiciones de Alta Dirección Pública.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: la fragilidad institucional que se genera cuando los mecanismos de control fallan y la probidad se transforma en una formalidad, incluso en sistemas diseñados precisamente para evitarlo.
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