El ministro destacó la experiencia legislativa del diputado en materia de seguridad pública y sostuvo que los antecedentes que hoy generan controversia ya habían sido explicados previamente.
La definición sobre su eventual llegada al Ministerio de Seguridad, dijo, corresponde a la próxima administración.
En medio de los cuestionamientos que han surgido por los vínculos societarios del diputado Andrés Jouannet con empresarios investigados en distintas causas judiciales, el ministro Luis Cordero salió a respaldar su trayectoria y pidió prudencia en el debate público.
La polémica se reactivó luego de que se conocieran antecedentes sobre sociedades comerciales del parlamentario de Amarillos por Chile con figuras imputadas en el denominado Caso Tragamonedas, lo que ha generado dudas respecto de su eventual desempeño como subsecretario de Seguridad en el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
Consultado al respecto, Cordero enfatizó que se trata de información previamente conocida. “Uno tiene que ser prudente, porque estos antecedentes se conocían de antes, el diputado Jouannet dio explicaciones en su oportunidad”, afirmó en entrevista con T13.
El ministro subrayó que, durante su paso por el Ejecutivo, le correspondió trabajar con el parlamentario tanto en la Comisión de Seguridad como en la de Defensa de la Cámara, valorando su desempeño en la tramitación legislativa. “Tengo la mejor opinión de él”, sostuvo.
No obstante, evitó pronunciarse sobre la continuidad del nombramiento, señalando que la evaluación corresponde a la administración entrante. “Es un tema que debe resolver la autoridad que asumirá el gobierno; la prudencia aconseja que la autoridad vigente no emita opiniones sobre esa decisión”, agregó.
Más allá de la controversia, Cordero destacó el rol que Jouannet ha desempeñado en la agenda de seguridad pública, una de las prioridades transversales en el actual escenario político.
“Fue una persona que contribuyó significativamente a varios de los proyectos de la agenda de seguridad (…) ha sido muy proactiva para avanzar en iniciativas que implicaron la dictación de más de 70 leyes”, indicó el ministro.
Desde el Ejecutivo, recalcan que la experiencia parlamentaria en materias de seguridad y defensa constituye un antecedente relevante en la implementación de políticas públicas en un contexto marcado por el combate al crimen organizado y el fortalecimiento institucional.
Los cuestionamientos se centran en sociedades comerciales que el diputado mantiene con empresarios actualmente investigados por la justicia. Entre ellos figura el empresario Emilio Yang, imputado en una causa por presunto tráfico de influencias, así como Alberto Hadad, formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas.
Parte de estas sociedades se mantienen vigentes y algunas no aparecerían en la declaración de patrimonio e intereses del parlamentario, lo que ha intensificado el debate político.
En un escenario donde la seguridad pública será eje central del próximo gobierno, la discusión sobre estándares de probidad y transparencia se instala como un componente clave en la evaluación de futuras autoridades.
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