El seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, llamó a reforzar el respaldo técnico y legislativo tras la decisión judicial que dejó sin efecto acciones adoptadas por Gendarmería.
El seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, se refirió a las medidas revocadas a Gendarmería de Chile por parte de los tribunales, en el contexto de la huelga de hambre que mantienen comuneros mapuches condenados por delitos graves.
Según explicó la autoridad regional, el Gobierno respeta plenamente las resoluciones judiciales. Sin embargo, advirtió que estas decisiones pueden generar efectos en la percepción de autoridad y en la seguridad pública.
Campusano señaló que, aunque la huelga de hambre constituye una decisión individual, no puede contraponerse al principio de autoridad dentro del sistema penitenciario.
“Las medidas que adopta Gendarmería tienen que ver con el orden y la correcta gestión de la población penal. Por lo tanto, es necesario analizar el impacto que generan ciertas decisiones cuando se trata de condenados por delitos graves”, sostuvo.
Asimismo, agregó que la firmeza institucional debe prevalecer en la administración carcelaria. A su juicio, la gestión del orden penitenciario no puede verse debilitada por interpretaciones que afecten la estabilidad interna de los recintos.
Además, el seremi hizo un llamado directo al Congreso Nacional de Chile para avanzar en nuevas normativas que permitan enfrentar de mejor manera los desafíos en seguridad.
“Si a los parlamentarios les parece insuficiente el marco actual, entonces corresponde legislar. Hoy debemos respetar lo que dictan los tribunales, pero también mirar hacia nuevas leyes que fortalezcan la institucionalidad”, afirmó.
En ese sentido, indicó que la percepción de inseguridad no solo se relaciona con hechos de violencia, sino también con la falta de herramientas legales para abordar problemáticas cotidianas.
Finalmente, Campusano reiteró que el respeto a los fallos judiciales es incuestionable. No obstante, enfatizó que ese respeto no debe traducirse en un debilitamiento del principio de autoridad frente a personas condenadas por delitos graves.
Por ello, planteó la necesidad de reforzar el respaldo técnico y normativo para evitar tensiones en el sistema penitenciario y resguardar la seguridad pública en la región.
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