Cuatro integrantes del grupo familiar enfrentan cargos por ocultamiento de bienes y provocación de insolvencia por un monto cercano a los $17 mil millones en Lautaro.
Con los alegatos de apertura comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en la región de La Araucanía, el juicio contra Jaime Armando Venturelli González, Julia del Carmen Gallegos Muñoz, Pablo Andrés Venturelli Gallegos y Jaime Patricio Venturelli Gallegos, acusados por delitos de provocación o agravación de insolvencia y ocultamiento de bienes.
Los hechos investigados por el Ministerio Público se remontan a fines de 2019 en la comuna de Lautaro, e involucran un perjuicio económico estimado en 17 mil millones de pesos.
Según la acusación presentada por el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, el 16 de octubre de 2019, en medio de dificultades financieras de la empresa Maderas Venturelli, se solicitó su liquidación forzosa por parte de la empresa Comercial Industrial y Forestal El Sol Limitada.
Posteriormente, el 13 de noviembre del mismo año, el Juzgado de Letras de Lautaro dictó la resolución de liquidación.
De acuerdo con el Ministerio Público, tras este proceso se habrían ejecutado diversas acciones destinadas a perjudicar a los acreedores, incluyendo actos jurídicos orientados a ocultar bienes y evitar el cumplimiento de obligaciones financieras.
El fiscal Cornejo señaló que el caso corresponde a delitos económicos vinculados a insolvencia, destacando que las conductas investigadas apuntan a ocultación de patrimonio y agravamiento de la situación financiera de la empresa.
Se estima que el juicio oral se extenderá por al menos 16 jornadas en el tribunal, donde se presentarán pruebas y testimonios para sustentar la acusación.
Por su parte, el abogado defensor Hugo Ribera Villalobos afirmó que enfrentarán el proceso con tranquilidad, indicando que la acusación se basa en siete hechos que serán refutados durante el juicio.
“Estamos tranquilos en este juicio, pues la acusación está basada en siete hechos que iremos refutando uno a uno”, señaló.
El Ministerio Público solicita penas que van desde los dos hasta los nueve años de presidio para los acusados.
La sala encargada de dictar veredicto está integrada por los magistrados Priscila Franzen, Roberto Herrera y Wilfred Zhielmann.
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