El organismo fiscalizador confirmó que el director del Servicio de Salud Araucanía Norte omitió sumarios administrativos vigentes en su declaración jurada para acceder al cargo. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público por un eventual delito, mientras se abrió una investigación administrativa paralela.
La Contraloría General de la República confirmó que el director del Servicio de Salud Araucanía Norte, Jorge Montes, faltó a la verdad en su declaración jurada para acceder al cargo, al omitir la existencia de sumarios administrativos vigentes, situación que podría constituir delito.
El caso generó fuertes críticas políticas y abrió nuevas diligencias administrativas y penales, luego de que el organismo fiscalizador analizara diversas denuncias presentadas contra el directivo.
De acuerdo con el informe, la investigación descartó varias acusaciones iniciales, entre ellas eventuales conflictos de interés, participación indebida en procesos disciplinarios y otras irregularidades administrativas.
Sin embargo, sí estableció que Montes declaró no tener investigaciones administrativas pendientes, pese a estar involucrado en dos sumarios activos, iniciados en 2022 y 2024.
Según antecedentes revelados por Radio Bío Bío, uno de los procesos se relaciona con denuncias por maltrato y acoso laboral, mientras que el segundo apunta a su presunta responsabilidad en un faltante bancario cercano a los 38 millones de pesos en el Hospital de Angol.
La declaración jurada exigida para asumir cargos públicos obliga a informar causas judiciales, sumarios administrativos y antecedentes que puedan afectar la idoneidad del postulante.
La diputada Gloria Naveillán calificó la situación como “una vergüenza” para la provincia de Malleco y cuestionó el proceso de designación del directivo.
Según señaló, el informe del ente fiscalizador demostraría que el funcionario omitió información relevante que habría impedido su nombramiento.
“El informe de Contraloría es súper claro. Este señor falsificó información para postular al cargo”, afirmó la parlamentaria.
La legisladora agregó que el nombramiento habría respondido a criterios políticos más que técnicos, asegurando que la situación generó múltiples conflictos desde el inicio de la gestión.
La Contraloría determinó que la omisión detectada podría revestir carácter penal, por lo que resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público de Chile para evaluar posibles responsabilidades.
El documento recuerda que el artículo 210 del Código Penal sanciona la entrega de información falsa en declaraciones oficiales, estableciendo penas que van desde presidio menor en su grado mínimo a medio, además de multas entre seis y diez UTM.
En paralelo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales inició una investigación sumaria administrativa para determinar eventuales sanciones internas.
Hasta ahora, desde la Seremi de Salud de La Araucanía no se ha emitido un pronunciamiento oficial respecto del caso ni se han informado cambios en la dirección del servicio.
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