La Contraloría General de la República otorgó un plazo de 10 días al Gobierno para explicar presuntas irregularidades sanitarias en actividades realizadas en La Moneda, incluyendo almuerzos y celebraciones oficiales.
El organismo fiscalizador otorgó 10 días hábiles para que el Ejecutivo entregue antecedentes sobre presuntos incumplimientos de protocolos sanitarios y una celebración realizada en dependencias del Palacio de Gobierno.
La Contraloría General de la República de Chile otorgó un plazo de 10 días hábiles al Gobierno para responder a observaciones relacionadas con presuntos incumplimientos de normas sanitarias en actividades realizadas en el Palacio de Palacio de La Moneda.
El requerimiento surge tras una presentación realizada por el diputado Daniel Manouchehri, quien cuestionó almuerzos servidos por la primera dama María Paz Adriasola sin el uso de elementos básicos de manipulación de alimentos, como guantes, mascarilla y cubre pelo.
“La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”, señaló el parlamentario.
En el oficio enviado al Ejecutivo, la Contraloría instruyó que el Gobierno informe conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 10.336, debiendo preparar un reporte con intervención de la asesoría jurídica institucional y acompañar todos los antecedentes necesarios para resolver la presentación.
El organismo fiscalizador indicó que el informe deberá abordar específicamente los hechos denunciados y aclarar si existieron incumplimientos de protocolos sanitarios durante las actividades cuestionadas.
El requerimiento de la Contraloría también solicita antecedentes respecto de una celebración realizada tras la llegada del Presidente José Antonio Kast al Palacio de Gobierno, donde se habría dispuesto una barra libre.
En ese contexto, el órgano de control pidió remitir copia de protocolos internos que regulen el ingreso de personas a dependencias oficiales, además de cualquier instrucción administrativa relacionada con la actividad.
Según el oficio, la administración deberá informar conforme a los artículos 9° y 15 de la ley orgánica de la institución fiscalizadora, dentro del plazo establecido desde la recepción del documento.
La Contraloría concluyó que el informe debe contener todos los elementos necesarios para evaluar adecuadamente la denuncia, salvo que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias.
Con ello, el Gobierno deberá responder dentro de los próximos diez días hábiles administrativos, en un proceso que podría derivar en eventuales observaciones o acciones posteriores del órgano fiscalizador.
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