Revisión de mochilas, prohibición de capuchas y pérdida de gratuidad universitaria para condenados: el Gobierno presentó dos proyectos de ley que buscan frenar la violencia escolar y devolver la autoridad a los establecimientos educacionales tras graves hechos registrados en el país.
En medio de una creciente preocupación pública por los episodios de violencia registrados en establecimientos educacionales del país, el Presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley orientados a fortalecer la seguridad escolar y recuperar la convivencia al interior de los colegios.
Las iniciativas surgen tras una serie de hechos graves, entre ellos amenazas de tiroteos y el homicidio de una inspectora en la ciudad de Calama, situación que reactivó el debate nacional sobre el rol del Estado, las atribuciones de los establecimientos y las herramientas legales disponibles para prevenir situaciones de riesgo.
El Mandatario sostuvo que el objetivo central es evitar que la violencia continúe escalando dentro del sistema educativo y entregar mayor respaldo a docentes, directivos y comunidades escolares.
“Chile no puede volver a enfrentar hechos tan dolorosos como los ocurridos recientemente”, afirmó, instando al Congreso a tramitar las propuestas con urgencia.
Una de las iniciativas busca modificar el Código Penal incorporando un agravante de responsabilidad penal para delitos cometidos al interior de establecimientos educacionales o durante los traslados asociados a la actividad escolar.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, explicó que la medida permitirá aumentar las penas cuando los delitos ocurran en contextos educativos.
Según detalló, la intención es reconocer jurídicamente la especial vulnerabilidad que existe dentro de los espacios formativos y generar un efecto disuasivo frente a conductas violentas.
En paralelo, el segundo proyecto —denominado Escuelas Protegidas— introduce una serie de cambios prácticos destinados a prevenir conflictos antes de que escalen a situaciones graves.
Entre las medidas más relevantes se contempla:
La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que la propuesta apunta a anticiparse a escenarios de riesgo y entregar herramientas claras a las comunidades educativas para restablecer el orden en el aula.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate público es la medida que impediría acceder a la gratuidad universitaria a personas condenadas por delitos graves vinculados a hechos de violencia escolar.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca reforzar la responsabilidad individual y establecer consecuencias claras frente a conductas que afecten la seguridad y el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales.
Asimismo, el proyecto introduce modificaciones legales que reconocen como circunstancia agravante cometer delitos dentro de colegios, liceos u otros espacios formativos, elevando las sanciones penales correspondientes.
El Gobierno argumenta que estas medidas buscan equilibrar derechos y deberes dentro del sistema educativo, reforzando tanto la protección de estudiantes como el respaldo institucional hacia docentes y asistentes de la educación.
Las propuestas llegan en un contexto donde la violencia escolar se ha instalado como una de las principales preocupaciones ciudadanas en materia educativa, superando incluso discusiones tradicionales relacionadas con resultados académicos.
Expertos en convivencia escolar han advertido que el fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos el deterioro del clima social posterior a la pandemia, conflictos socioemocionales no abordados oportunamente y la creciente exposición de estudiantes a dinámicas de violencia digital y presencial.
En ese escenario, el Ejecutivo plantea que la combinación entre prevención, sanción y fortalecimiento institucional permitirá recuperar espacios seguros para el aprendizaje.
El Presidente Kast reiteró que el foco de las iniciativas es garantizar que los establecimientos educacionales vuelvan a ser lugares protegidos, donde estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades sin temor.
Ahora, ambos proyectos deberán iniciar su tramitación legislativa en el Congreso Nacional, instancia donde se anticipa un intenso debate político y social respecto del alcance de las medidas y su impacto en derechos estudiantiles, convivencia escolar y políticas públicas educativas.
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