La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal cuestionó al subsecretario de Pesca, acusando conflicto de interés y falta de defensa del Estado frente a demandas de la industria pesquera.
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, organización que agrupa a pescadores y pescadoras de todo Chile, manifestó su rechazo a las recientes declaraciones del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, acusando una eventual “captura política” del organismo tras reconocer vínculos laborales previos con la industria pesquera.
La agrupación sostuvo que las afirmaciones de la autoridad generan dudas respecto de la imparcialidad en la administración de los recursos marítimos del país.
Según la organización, el reconocimiento de haber elaborado informes para SONAPESCA —principal gremio de la pesca industrial— constituye una señal preocupante.
El presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza, Hernán Cortés, señaló que resulta incompatible que una autoridad pública vinculada previamente al sector industrial adopte posiciones que, a su juicio, coinciden con los intereses empresariales.
El dirigente cuestionó además conceptos utilizados por la autoridad como “certeza jurídica” o la crítica a leyes calificadas como “refundacionales”, afirmando que reflejan argumentos históricos impulsados por la industria pesquera.
Otro punto de tensión surge por la decisión de la Subsecretaría de Pesca de no intervenir directamente en las acciones judiciales que empresas del sector han presentado contra el Estado chileno tras el nuevo fraccionamiento pesquero.
Desde la Alianza calificaron como “grave” que la defensa quede exclusivamente en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), argumentando que la autoridad sectorial debería asumir un rol político y técnico activo.
Pascual Aguilera, presidente de Coranor, afirmó que la postura adoptada podría facilitar eventuales indemnizaciones a la industria por recursos que, según sostuvo, pertenecen al Estado y no a actores privados.
La organización también acusó omisiones respecto de la plataforma social destinada a pescadores artesanales.
Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, aseguró que el financiamiento sí estaría contemplado mediante las licitaciones de cuotas industriales, contradiciendo lo señalado por la autoridad.
A juicio de la dirigenta, condicionar la implementación de beneficios sociales a recursos inexistentes podría afectar directamente a miles de trabajadores del sector.
Ante este escenario, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal se declaró en estado de alerta y solicitó al Gobierno aclarar el futuro de la nueva legislación pesquera actualmente en discusión parlamentaria.
La organización planteó la necesidad de garantizar una institucionalidad que resguarde el interés público y evite —según indicaron— repetir procesos legislativos que favorezcan de manera desproporcionada a la gran industria.
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