Francisco Huenchumilla Jaramillo
Senador
El IPC de marzo fue esperadamente alto, 1%.
Desde el 2003, y antes el 1993, que marzo no tenía un IPC tan alto.
Como todos los años, marzo trae un incremento en los costos asociados a Educación, porque marca el inicio del período escolar y académico.
Pero este año también trae un incremento importante en el rubro Transportes (casi un 0,3 del 1% de incremento) que se debe a la decisión del gobierno de no aplicar el MEPCO y traspasar íntegramente el costo del alza del precio internacional de los combustibles a los consumidores.
Es importante tener en cuenta que este incremento del precio de los combustibles también impactará directamente el IPC de abril, ya que la decisión del Gobierno impactó recién el 26 de marzo, por lo que su efecto en marzo fue parcial.
El efecto del incremento no gradual del precio de los combustibles es doble:
Este segundo efecto es imputable enteramente a la decisión del Gobierno de no aplicar el MEPCO.
Aplicar el MEPCO hubiera evitado generar expectativas de inflación, ya que hubiese habido un ajuste lento al precio internacional, lo que habría sido asumido como normal por los consumidores.
El argumento del Gobierno de que no había recursos para aplicar el MEPCO es incorrecto, ya que el MEPCO no contiene recursos.
El MEPCO, como lo dice su nombre, es un mecanismo de estabilización de precios que opera modificando el monto del impuesto específico a los combustibles. Si suben los precios de los combustibles más que lo que se considera una fluctuación normal, el monto del impuesto específico se reduce, para mantener el precio doméstico en el rango normal.
Al reducirse el impuesto disminuyen los ingresos del Fisco, aunque por haber un mayor precio aumenta la recaudación del IVA; pero es cierto que en total disminuyen. Y al normalizarse el mercado internacional, los ingresos vuelven a subir.
En síntesis, la decisión del Gobierno es más costosa que haber dejado operar el MEPCO.
El Gobierno sostiene que no es así, porque hubiera dejado de recibir recursos que tienen otros destinos. Ello contradice los anuncios del Gobierno, respecto a que es posible disminuir el Impuesto Corporativo a la Renta sin afectar los programas sociales; es decir, la opción existe, sólo que el Gobierno prefiere otro uso de los recursos.
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