La desvinculación del equipo territorial del Plan Buen Vivir en La Araucanía generó cuestionamientos políticos sobre la continuidad de esta política pública orientada al diálogo intercultural y desarrollo territorial.
El Gobierno desvinculó a la mayor parte del equipo regional encargado de ejecutar el Plan Buen Vivir en La Araucanía, decisión que abrió un debate político sobre el futuro de esta política pública orientada al diálogo territorial y al trabajo con comunidades indígenas.
De acuerdo con los antecedentes, solo permanecen en funciones el coordinador regional del programa y una funcionaria con fuero maternal, mientras que los equipos territoriales y de comunicaciones fueron despedidos.
El seremi de Gobierno de La Araucanía, Felipe Montero, explicó que las desvinculaciones responden a ajustes habituales tras un cambio de gobierno, asegurando que las iniciativas comprometidas continuarán ejecutándose.
Según la autoridad, las prioridades pueden modificarse entre administraciones, pero sostuvo que el desarrollo de las obras asociadas al plan seguirá avanzando en las provincias de Malleco y Cautín.
El Ejecutivo enfatizó que el objetivo es mantener la continuidad de proyectos de inversión y programas ya comprometidos en el territorio.
La diputada Coca Ñanco, del Frente Amplio, cuestionó duramente la medida, señalando que no se trata solo de una reorganización administrativa.
A su juicio, las desvinculaciones responden a una decisión política que podría afectar los programas vinculados con el pueblo mapuche y debilitar los espacios institucionales de diálogo existentes en la región.
La parlamentaria anunció que oficiará al Ejecutivo desde la Cámara de Diputadas y Diputados para solicitar explicaciones sobre la continuidad operativa del programa y sus alcances futuros.
El Plan Buen Vivir, impulsado durante la administración del expresidente Gabriel Boric, buscaba reorientar la acción estatal bajo un enfoque intercultural, priorizando territorios rurales y comunidades mapuche en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
La estrategia pretendía abordar brechas históricas mediante inversión pública, diálogo político y coordinación interministerial en zonas con rezagos sociales y conflictos territoriales.
Desde sectores opositores advierten que la reducción del equipo podría impactar la implementación territorial del plan, mientras que el Gobierno insiste en que las obras continuarán pese a la reestructuración administrativa.
El debate ahora se centra en cómo seguirá funcionando el Plan Buen Vivir en La Araucanía, qué instituciones asumirán su ejecución y cuál será el enfoque que adoptará la actual administración encabezada por el presidente José Antonio Kast en materia indígena y desarrollo territorial.
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