Proyecto busca liberar del pago de contribuciones a propietarios rurales afectados por atentados y violencia rural durante los últimos diez años.
La iniciativa busca liberar del pago de contribuciones a propietarios rurales afectados por atentados y hechos de violencia durante los últimos diez años en la Macrozona Sur.
El diputado Tomás Kast presentó un proyecto de resolución para solicitar al Presidente de la República la exención parcial o total del pago de contribuciones a predios rurales afectados por atentados terroristas y hechos de violencia rural en las regiones de La Araucanía y del Biobío.
La propuesta busca ampliar las medidas actualmente vigentes y entregar alivio económico a propietarios que, pese a vivir en zonas catalogadas como de alto riesgo, no han podido acceder a beneficios tributarios existentes.
El parlamentario explicó que la iniciativa surge debido a que una resolución dictada en 2023 por el Servicio de Impuestos Internos solo contempla rebajas de contribuciones para predios que se encuentren ocupados, dejando fuera a numerosos propietarios afectados indirectamente por la violencia rural.
Según sostuvo, muchas familias han visto limitada su capacidad productiva o incluso la posibilidad de habitar sus terrenos debido a atentados, incendios y ataques a maquinaria.
“Hoy hemos presentado un proyecto para dejar exento de contribuciones a todos los predios afectados por el terrorismo, ataques incendiarios o violencia rural en la Macrozona Sur”, afirmó Kast.
El diputado agregó que estos hechos han provocado una significativa pérdida del valor productivo de los terrenos y un perjuicio patrimonial que no es responsabilidad de sus dueños.
La propuesta recibió apoyo transversal de parlamentarios de distintas bancadas, entre ellos Juan Carlos Beltrán, Diego Schalper, Hotuiti Teao, Sara Concha Smith, Felipe Ross, Patricio Briones, Roberto Arroyo, Erich Grohs y René Manuel García.
Beltrán señaló que la medida responde a una realidad que viven agricultores y familias rurales que no pueden utilizar sus predios con normalidad debido a la inseguridad.
Por su parte, Schalper llamó al Ejecutivo a otorgar urgencia a la iniciativa, mientras que Teao destacó la necesidad de avanzar en mecanismos de alivio tributario para pequeños productores afectados por el contexto de violencia.
El texto ingresado ante la Cámara advierte que entre marzo de 2024 y marzo de 2026 se registró un promedio cercano a cinco atentados mensuales en la Macrozona Sur, incluyendo ataques incendiarios, usurpaciones, cortes de ruta y delitos vinculados al uso ilegal de armas.
Los impulsores del proyecto sostienen que, ante la imposibilidad del Estado de garantizar plenamente la seguridad, corresponde aplicar medidas compensatorias que alivien la carga económica de las familias afectadas.
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