El Tribunal de Garantía de Purén condenó a siete integrantes de la CAM por atentados incendiarios ocurridos en 2021 en Purén y Traiguén. Cinco recibieron penas de nueve años de presidio efectivo tras reconocer su participación en los hechos.
El Tribunal de Garantía de Purén condenó a siete integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por su participación en una serie de atentados ocurridos durante el año 2021 en predios forestales ubicados en las comunas de Purén y Traiguén, en la provincia de Malleco, región de La Araucanía.
La lectura de sentencia se realizó este lunes, instancia en la que se establecieron penas de hasta nueve años de presidio efectivo para los acusados, quienes fueron investigados por diversos delitos de alta connotación pública.
El tribunal determinó que cinco de los siete condenados deberán cumplir 9 años de cárcel efectiva por su responsabilidad en ataques incendiarios y otros delitos asociados.
Asimismo:
El proceso judicial se desarrolló mediante un procedimiento abreviado, luego de que los imputados reconocieran los hechos descritos por el Ministerio Público en la investigación penal.
De acuerdo con los antecedentes presentados durante la causa, los condenados participaron en atentados registrados en 2021 que afectaron predios rurales y personal policial.
Entre los delitos acreditados por la justicia se encuentran:
Los ataques generaron importantes daños materiales y obligaron a desplegar operativos policiales de alta complejidad en la provincia de Malleco, una de las zonas con mayores episodios de violencia rural en el sur del país.
El procedimiento abreviado permitió acortar el juicio oral luego de que los acusados aceptaran su participación en los hechos investigados por la Fiscalía, evitando así un proceso judicial extenso.
La causa se sustentó en diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público junto a unidades especializadas policiales, que reunieron pruebas periciales, testimoniales y antecedentes técnicos que vincularon a los condenados con los atentados.
Desde el ámbito judicial, se indicó que las penas buscan establecer responsabilidad penal frente a hechos que afectaron la seguridad pública y el orden en sectores rurales de La Araucanía.
Las sentencias dictadas deberán cumplirse en régimen de presidio efectivo, cerrando así una causa iniciada tras los ataques ocurridos hace cuatro años en Purén y Traiguén.
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