De los 15 alcaldes apercibidos por la Contraloría, tres pertenecen a la Región de La Araucanía: Melipeuco, Los Sauces y Toltén, situación que pone el foco regional en el cumplimiento de las normas de probidad y transparencia que rigen a las autoridades comunales.
Tres municipios de La Araucanía figuran entre las comunas observadas por el organismo fiscalizador
La Contraloría General de la República (CGR) apercibió a 15 alcaldes de distintas regiones del país por no actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), una obligación establecida por la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
La medida fue adoptada tras una revisión efectuada por el organismo fiscalizador, que detectó incumplimientos en la actualización de estos antecedentes por parte de diversas autoridades comunales.
A través de oficios emitidos el pasado 27 de mayo, la Contraloría otorgó un plazo de 10 días hábiles para que los alcaldes regularicen su situación y presenten la documentación correspondiente.
Desde la CGR advirtieron que, si las autoridades no cumplen con esta obligación dentro del plazo establecido, se iniciarán los procedimientos sancionatorios contemplados en la legislación vigente.
Las sanciones pueden ir desde multas equivalentes a 5 hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), dependiendo de la gravedad y persistencia del incumplimiento.
Además, la normativa señala que, si transcurren cuatro meses desde la aplicación de la sanción y la autoridad continúa sin presentar la actualización de su declaración, podría enfrentar la destitución del cargo.
La Declaración de Intereses y Patrimonio constituye una herramienta clave para fortalecer la transparencia, prevenir conflictos de interés y garantizar la probidad en el ejercicio de funciones públicas.
Los alcaldes apercibidos pertenecen a las siguientes comunas:
En la Región de La Araucanía, los municipios de Melipeuco, Los Sauces y Toltén aparecen entre las comunas observadas por la Contraloría.
La situación pone nuevamente el foco en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las autoridades locales, especialmente considerando que las declaraciones patrimoniales permiten conocer posibles conflictos de interés y resguardar la confianza pública en las instituciones.
La Contraloría explicó que este proceso forma parte de las facultades de fiscalización que ejerce de manera permanente sobre las autoridades y funcionarios públicos.
El objetivo es verificar el cumplimiento de las normas de transparencia y probidad establecidas por la ley, promoviendo una gestión pública más íntegra y fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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