Una querella presentada por el Gobierno Regional de La Araucanía reveló que la empresa del padre de la alcaldesa Katherine Migueles obtuvo recursos de un programa que impedía expresamente la participación de familiares directos de autoridades en ejercicio. El caso forma parte de una investigación por presuntas irregularidades en la asignación de cerca de $9 mil millones.
Nuevos antecedentes surgieron en torno a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la ejecución de un programa de reactivación económica financiado por el Gobierno Regional de La Araucanía entre 2022 y 2023.
La acción judicial presentada por el gobernador regional, René Saffirio, apunta a una serie de hechos que podrían configurar los delitos de administración desleal y prevaricación en la asignación de recursos públicos. Entre los antecedentes expuestos aparece la adjudicación de $50 millones a una empresa perteneciente al padre de la alcaldesa de Vilcún, Katherine Migueles (RN).
Según la querella, la situación reviste especial gravedad debido a que las bases del programa establecían expresamente restricciones para la participación de familiares directos de autoridades que se encontraban ejerciendo cargos públicos al momento de la postulación.
La investigación se centra en un programa de Reactivación Económica ejecutado por la Agencia de Desarrollo Productivo, iniciativa que distribuyó cerca de $9 mil millones entre distintos beneficiarios de la región.
La querella, que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco y posteriormente acumulada a la investigación conocida como caso «Agencia», involucra a diez personas, entre ellas el exgobernador regional Luciano Rivas, su exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli, la actual seremi de Justicia Stephanie Caminondo, el exdirector de la corporación Cristian Salas y el exencargado del programa Carlos Banchieri.
De acuerdo con el documento judicial, las bases establecían que los proyectos debían pasar por una Comisión de Admisibilidad encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos antes del cierre oficial del proceso, fijado para el 26 de septiembre de 2022.
Sin embargo, la querella sostiene que posteriormente se habrían incorporado cientos de postulaciones fuera del plazo originalmente establecido, situación que hoy es objeto de investigación.
Entre las iniciativas incorporadas tras el cierre del proceso aparece la empresa Gambi SpA, perteneciente a Guillermo Migueles Beltrán, padre de la actual alcaldesa de Vilcún.
Según los antecedentes expuestos por el Gobierno Regional, la empresa se adjudicó un financiamiento de $50 millones que posteriormente presentó observaciones durante el proceso de rendición.
La querella menciona, además, la existencia de facturas anuladas, observaciones relacionadas con el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y otros antecedentes que forman parte de la investigación.
El documento también sostiene que la participación de la empresa podría entrar en conflicto con las restricciones establecidas en las bases del programa, debido al vínculo familiar directo con una autoridad comunal que se encontraba ejerciendo funciones al momento de la postulación.
La acción judicial también solicita esclarecer si existieron intereses o intervenciones indebidas por parte de autoridades que participaron en el proceso de evaluación y adjudicación de los recursos.
En particular, se pide investigar el rol que habría tenido el entonces gobernador regional Luciano Rivas, quien integraba la Comisión Estratégica encargada de recomendar al directorio la adjudicación de los proyectos.
La querella plantea que corresponde determinar si existió algún interés relacionado con la postulación o posterior adjudicación de recursos a la empresa Gambi SpA.
A ello se suma que Katherine Migueles respaldó públicamente la candidatura de Luciano Rivas cuando este compitió por la reelección como gobernador regional en 2024, utilizando un cupo cedido por Renovación Nacional.
Por otra parte, el documento también menciona que Carlos Banchieri, encargado del programa de Reactivación Económica, habría mantenido vínculos laborales con otra empresa beneficiada por recursos públicos durante el proceso investigado.
Consultada sobre el caso, la consejera regional y presidenta de Renovación Nacional en La Araucanía, Sara Suazo, señaló que desconocía los antecedentes revelados en la querella.
La dirigente indicó que tomará contacto con la alcaldesa de Vilcún para conocer mayores detalles respecto de la situación.
“No siempre que uno es la hija de alguien puede estar en conocimiento de todo lo que hace el papá o viceversa”, señaló.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes para determinar si existieron irregularidades en la ejecución del programa y establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales en uno de los casos más relevantes que actualmente enfrenta el Gobierno Regional de La Araucanía.
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