Héctor Urban y el diputado Cristian Neira pidieron cautela ante la investigación que involucra a la seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, en una querella presentada por el Gobierno Regional debido a presuntas irregularidades en un programa de reactivación económica.
El Partido Republicano de La Araucanía llamó a las autoridades a actuar con responsabilidad y evitar emitir juicios anticipados tras la querella presentada contra la seremi de Justicia de La Araucanía, Stephanie Caminondo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el uso de cerca de $9 mil millones provenientes del Gobierno Regional (GORE).
La acción judicial fue ingresada por el gobernador regional, René Saffirio, y apunta a diez personas por eventuales anomalías detectadas en el Programa de Reactivación Económica ejecutado por la Agencia de Desarrollo Productivo entre los años 2022 y 2023.
Según los antecedentes expuestos en la querella, Caminondo enfrenta una acusación por el presunto delito de prevaricación de abogados. El Gobierno Regional sostiene que, en su calidad de exasesora jurídica de la Corporación de Desarrollo, tenía la obligación de ejercer control legal sobre los actos administrativos relacionados con la asignación de recursos.
Además, el documento señala que la actual seremi habría integrado la comisión encargada de seleccionar los proyectos beneficiados por el programa, cuestionándose que varias iniciativas favorecidas no habrían cumplido con los requisitos establecidos en las bases del concurso.
El presidente regional del Partido Republicano, Héctor Urban, sostuvo que corresponde a los organismos competentes esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
“Si hay una denuncia, que operen las instituciones que corresponden y, si hay algo a lo cual atenerse o tener que responder ante los estamentos que correspondan, hay que hacerse responsable”, afirmó.
Urban agregó que las autoridades deben desempeñar sus funciones con probidad y evitar situaciones que comprometan la confianza pública.
“Las autoridades cumplan su labor como tiene que ser. No se ensucien las manos, no vale la pena. Aquí estamos para entregar un trabajo para el país y no para beneficio propio”, señaló.
Por su parte, el diputado Cristian Neira llamó a la prudencia y pidió a las figuras políticas evitar declaraciones que puedan influir en el desarrollo de las indagatorias.
“Llamo a las diferentes personas representantes políticos a tomar resguardo respecto de sus opiniones. Lo más importante hoy día es que se haga una investigación seria donde no se contamine por medio de algunas palabras de algunas autoridades”, indicó.
El parlamentario reconoció conocer desde hace años a la seremi Stephanie Caminondo, pero enfatizó que será la Fiscalía y los tribunales quienes deberán establecer si existen responsabilidades penales o administrativas.
La querella del Gobierno Regional sostiene que la gravedad de los hechos radicaría en que eventuales omisiones en los controles jurídicos habrían permitido beneficiar a determinados empresarios mediante proyectos que no cumplían las condiciones exigidas por el programa.
La investigación se encuentra actualmente en manos de los organismos competentes, los que deberán determinar la eventual participación y responsabilidad de las personas incluidas en la acción judicial.
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