El Gobierno desdramatizó la amenaza de una acusación constitucional impulsada por la oposición contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmando que se trata de una facultad soberana del Congreso, aunque llamó a que cualquier eventual libelo se sustente en antecedentes “rigurosos” y no en motivaciones políticas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, restó importancia a la posibilidad de que parlamentarios de oposición impulsen una acusación constitucional en su contra, señalando que se trata de una facultad propia del Congreso y que el Ejecutivo no interfiere en ese tipo de decisiones.
El anuncio fue planteado por la diputada Gael Yeomans, quien advirtió que el sector evalúa la presentación de un libelo acusatorio, iniciativa que fue respaldada posteriormente por los diputados Juan Santana, Luis Cuello y Daniela Serrano, quienes sostienen que existirían antecedentes para avanzar en la acción.
Ante este escenario, Quiroz afirmó que las eventuales acusaciones constitucionales forman parte de las prerrogativas del Congreso.
“Los legisladores son soberanos y están dentro de sus prerrogativas considerar acusaciones constitucionales contra los ministros debidamente fundadas, velando por nuestro Estado de derecho”, señaló el secretario de Estado, restando dramatismo al anuncio y subrayando que su cartera mantiene el foco en la gestión.
El ministro además marcó distancia respecto a la controversia política, asegurando que el Ministerio de Hacienda no interviene en este tipo de debates y que su trabajo está centrado en la agenda económica del Gobierno.
En la misma línea, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, respaldó el derecho del Congreso a ejercer sus atribuciones, aunque llamó a actuar con responsabilidad.
Alvarado pidió “rigor desde el punto de vista de los antecedentes y que no sea simplemente una revancha”, advirtiendo que este tipo de acciones deben basarse en fundamentos sólidos y no en motivaciones políticas coyunturales.
La eventual presentación de una acusación constitucional se enmarca en un clima de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición, luego de otras iniciativas similares impulsadas en el Congreso durante las últimas semanas.
Por ahora, el Gobierno insiste en desdramatizar el anuncio y recalca que cualquier decisión en esta materia corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, mientras se mantiene la expectativa respecto a si la oposición formalizará o no el libelo en los próximos días.
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