Bahréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos adoptaron medidas coordinadas con Estados Unidos para sancionar a cinco empresas y 16 personas acusadas de facilitar el financiamiento de Hezbolá. La iniciativa busca restringir el acceso del grupo al sistema financiero internacional.
Seis países del Golfo anunciaron un nuevo paquete de sanciones contra empresas y personas vinculadas a la estructura financiera de Hezbolá, en una acción coordinada con Estados Unidos destinada a debilitar las fuentes de financiamiento del grupo.
La decisión fue adoptada por Bahréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, integrantes del Centro para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo, mecanismo de cooperación que también integra Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las nuevas sanciones replican medidas previamente aplicadas por Washington contra entidades consideradas clave para el financiamiento de Hezbolá.
Entre las organizaciones sancionadas figura Al Qard al Hasán, institución que se presenta como una organización no gubernamental, pero que las autoridades estadounidenses identifican como una red financiera utilizada para movilizar recursos en beneficio del grupo.
También fue incluida Al Jubara, señalada como la entidad responsable de administrar la contabilidad de Al Qard al Hasán.
La lista de sancionados incorpora además a Beit al Mal, descrita por el Tesoro estadounidense como la «tesorería no oficial» de Hezbolá y como intermediaria entre la organización y distintas instituciones bancarias.
Asimismo, las empresas Tashilat Sarl y Auditors for Accounting and Auditing fueron sancionadas por presuntamente prestar servicios financieros y contables al grupo.
Las medidas también alcanzan a 16 personas, la mayoría de ellas vinculadas a la dirección de Al Qard al Hasán.
Entre los sancionados figura Ibrahim Alí Daher, identificado por las autoridades estadounidenses como el responsable de la unidad financiera de Hezbolá.
Las sanciones buscan impedir que las personas y entidades designadas accedan al sistema financiero de los países participantes, reforzando la estrategia internacional para limitar las capacidades económicas del grupo.
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