Agricultores de La Araucanía cuestionaron al ministro Jaime Campos tras sus dichos sobre el eventual pago por infraestructura hídrica, acusando falta de cercanía con el sector y pidiendo fortalecer la construcción de embalses. Gremios como el Consorcio Agrícola del Sur y asociaciones de Malleco advierten impacto en la producción y llaman a una política hídrica clara.
Gremios agrícolas de La Araucanía rechazan las declaraciones del ministro de Agricultura y piden una política hídrica centrada en embalses y seguridad productiva.
Continúan las críticas desde el mundo agrícola en la Región de La Araucanía contra el ministro de Agricultura, Jaime Campos, luego de sus declaraciones sobre la necesidad de que el sector comience a pagar por infraestructura hídrica.
Los gremios agrícolas reaccionaron con preocupación a los dichos del secretario de Estado, señalando que este tipo de medidas podrían afectar directamente la producción y el desarrollo del sector en el sur del país.
El Consorcio Agrícola del Sur, la Asociación de Agricultores Unidos y la Asociación de Agricultores de Malleco han manifestado su rechazo a las declaraciones del ministro Campos, insistiendo en la necesidad de avanzar en soluciones estructurales como la construcción de embalses.
Desde el sector sostienen que el acceso y gestión del recurso hídrico debe abordarse con una política de Estado clara, que permita asegurar la producción de alimentos y el desarrollo agrícola.
El presidente de uno de los gremios, Sebastián Naveillán, emplazó directamente al ministro, llamando a una mayor cercanía con el sector productivo.
“Yo lo invitaría a que sea amigo y aliado del mundo agrícola, de los gremios, pero no que sea enemigo. Necesitamos un ministro que se ponga la camiseta por el sector, no un ministro que hable desde frente de La Moneda sin tener la conexión con la tierra”, señaló.
En paralelo, desde la Seremi de Agricultura de La Araucanía, la autoridad regional María Teresa Fernández recordó que el proceso de regularización de derechos de agua ha presentado dificultades para pequeños y medianos productores.
Ante este escenario, el Gobierno extendió el plazo para regularizar estos derechos hasta el año 2032.
Los agricultores recalcaron que entienden que el agua es un recurso limitado, pero insisten en que se requiere una estrategia nacional que priorice la inversión en infraestructura hídrica.
Entre sus principales demandas destacan la reactivación de proyectos de embalses que permitan asegurar la disponibilidad de agua y fortalecer la producción agrícola en el sur del país.
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