Los senadores Ricardo Celis, Alfonso de Urresti y Diego Ibáñez acusaron improvisación del Ejecutivo durante la discusión de las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional.
Una nueva controversia marcó la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como la Megarreforma, luego que los senadores Ricardo Celis (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Diego Ibáñez (Frente Amplio) decidieran retirarse de la Comisión de Medio Ambiente del Senado tras denunciar irregularidades en el proceso legislativo.
Los parlamentarios anunciaron que presentarán una reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del proyecto, que modifican el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Según explicaron, las normas relacionadas con la restitución de gastos derivados de la anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fueron presentadas por el Ejecutivo en cinco versiones distintas durante la misma jornada, situación que calificaron como una señal de improvisación y falta de rigurosidad en la tramitación.
Los senadores sostienen que el articulado cuestionado podría afectar principios fundamentales establecidos en la Constitución, al modificar aspectos relacionados con la responsabilidad del Estado y las decisiones de los tribunales de justicia.
En ese contexto, argumentaron que las disposiciones podrían infringir los artículos 19 N.º 3, 19 N.º 20, 38, 76 y 77 de la Constitución Política, referidos al debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas, la responsabilidad del Estado y la independencia del Poder Judicial.
Asimismo, señalaron que una reforma al sistema ambiental debe otorgar mayor certeza jurídica sin comprometer el equilibrio entre el desarrollo de proyectos de inversión, la protección del interés público y el respeto por las instituciones del Estado.
El senador Ricardo Celis sostuvo que el Ejecutivo modificó reiteradamente el contenido de las indicaciones relacionadas con la indemnización por resoluciones ambientales anuladas judicialmente, situación que motivó la decisión de abandonar la sesión.
«Cuando ha llegado la hora de conversar sobre la indemnización a resoluciones de calificación ambiental recalificadas negativamente, incluso por los tribunales ambientales, el Gobierno y el oficialismo han hecho una martingala de indicaciones, mostrando cierta improvisación. No estamos dispuestos a participar en un ejercicio de esa naturaleza, que consideramos antidemocrático, poco transparente y poco claro», afirmó.
El parlamentario agregó que, además del retiro de la comisión, dejaron presentada una reserva de constitucionalidad para que el debate pueda ser revisado en las instancias correspondientes.
El senador Alfonso de Urresti lamentó que una discusión que se había desarrollado durante varias sesiones terminara con modificaciones de último momento impulsadas por el Ejecutivo.
Según indicó, el Ministerio de Hacienda presentó una quinta versión del texto referido a la devolución de gastos asociados a resoluciones de calificación ambiental revocadas, situación que, a su juicio, contraviene el reglamento del Senado.
«Lamentamos que una discusión extensa termine con una improvisación, una más del Ministerio de Hacienda, cambiando por quinta vez el texto de la norma. Es una situación absolutamente reñida con el reglamento de esta corporación y demuestra incapacidad para construir acuerdos», manifestó.
De Urresti añadió que especialistas y representantes del sector empresarial que participaron en la comisión también habrían manifestado reparos a la norma, advirtiendo que podría generar mayor burocracia en lugar de agilizar los procesos ambientales.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez sostuvo que el Ejecutivo impulsó una disposición que favorecería a inversionistas mediante recursos públicos cuando una resolución ambiental sea anulada por la justicia.
«Nos hemos retirado de la comisión porque consideramos que esta norma es abiertamente inconstitucional. Pretende construir un seguro privado utilizando fondos públicos y torciendo el derecho público para beneficiar a determinados proyectos de inversión», afirmó.
El legislador agregó que, a su juicio, la propuesta constituye una infracción grave a los principios constitucionales que regulan la actuación del Estado.
Pese a la controversia, la tramitación de la denominada Megarreforma continuará en las próximas sesiones del Senado, donde el proyecto deberá ser revisado por las comisiones de Trabajo y Hacienda, antes de pasar a discusión en la Sala.
Los parlamentarios de oposición reiteraron que respaldan la necesidad de modernizar la institucionalidad ambiental y otorgar mayor certeza a los procesos de inversión, pero insistieron en que cualquier modificación debe respetar plenamente la Constitución, el Estado de Derecho y las atribuciones de los tribunales de justicia.
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