El Gobierno marroquí responsabilizó a las redes de trata de personas, la desinformación y las interpretaciones erróneas sobre una sentencia del Tribunal Supremo de España por la crisis migratoria ocurrida en Ceuta. Rabat confirmó 11 fallecidos y aseguró que trabaja junto a España para verificar el número total de víctimas.
El Gobierno de Marruecos realizó su primera valoración oficial sobre la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma española de Ceuta, atribuyendo lo ocurrido a la acción de redes de tráfico de personas, la difusión de información falsa y la confusión generada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo de España sobre las denominadas «devoluciones en caliente».
La declaración fue emitida por un portavoz del Ministerio del Interior marroquí, luego de la llegada masiva de decenas de miles de personas a Ceuta durante el jueves y viernes a través del espigón del Tarajal.
Según el Gobierno marroquí, la crisis no fue consecuencia de hechos espontáneos, sino del actuar coordinado de organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes y de campañas de desinformación difundidas en plataformas digitales.
El Ministerio del Interior sostuvo que las interpretaciones erróneas sobre recientes resoluciones judiciales españolas llevaron a muchas personas a creer que podrían ingresar a territorio español sin ser retornadas de inmediato.
De acuerdo con la versión oficial, esa percepción incentivó el intento masivo de cruce hacia Ceuta.
Las autoridades marroquíes aseguraron que desplegaron un operativo preventivo basado en vigilancia anticipada, refuerzo de la seguridad fronteriza y coordinación entre los distintos organismos estatales.
Según el comunicado, estas medidas permitieron contener la situación, proteger vidas y mantener el orden público respetando la legislación vigente y el principio de proporcionalidad.
El Ministerio del Interior informó además que, según sus registros, la emergencia dejó 11 personas fallecidas.
Del total:
Las autoridades precisaron que continúan trabajando con las instituciones españolas para verificar el número definitivo de víctimas, así como sus identidades y nacionalidades, con el objetivo de completar los procedimientos legales, administrativos y humanitarios correspondientes.
En su declaración, Rabat insistió en que la migración irregular debe abordarse mediante una estrategia basada en la responsabilidad compartida entre los países involucrados.
Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar cooperando con sus socios internacionales en la lucha contra la migración irregular y las redes de trata de personas, manteniendo las medidas necesarias para resguardar la seguridad fronteriza y el orden público dentro del marco del derecho nacional e internacional.
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