La parlamentaria PPD aseguró que el beneficio es obligatorio y que, al quedar el municipio fuera de los recursos de la Subdere por presentar los antecedentes fuera de plazo, corresponde que la administración comunal asuma el pago a los trabajadores.
La controversia por el no pago del denominado Bono de Aseo a trabajadores que realizan labores de recolección de residuos y barrido de calles en Angol sumó un nuevo capítulo, luego de que la diputada PPD Andrea Parra sostuviera que la Municipalidad debe asumir directamente el pago del beneficio.
La parlamentaria informó que, tras reunirse con la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, recibió antecedentes respecto de la situación que afecta a más de un centenar de trabajadores.
Según explicó Parra, el beneficio corresponde a un bono establecido legalmente y cuyo financiamiento se canaliza a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), previa postulación de los municipios.
“Los municipios deben postular para que la Subdere les traspase los recursos para poder pagar este bono que es Ley, es obligatorio. En este caso, los papeles se entregaron tarde, quedaron fuera de los plazos de Subdere y, por lo tanto, quien tiene que hacerse cargo de los pagos es el municipio”, afirmó.
La situación se originó luego de que la Municipalidad de Angol no quedara incorporada entre los municipios que accedieron durante 2026 a los recursos destinados al beneficio. La Subdere informó que este año transfirió más de $22.149 millones a 261 municipios, beneficiando a 19.759 trabajadores vinculados a labores de aseo.
El conflicto derivó esta semana en una paralización de trabajadores de la empresa Solo Verde, encargada de labores de recolección de residuos y barrido de calles en Angol.
Los trabajadores reclamaron el pago del beneficio, que según sus dirigentes se encuentra pendiente desde enero. La movilización provocó durante dos días la suspensión temporal de servicios de aseo en distintos sectores de la comuna.
Finalmente, los trabajadores retomaron sus funciones el miércoles 19 de agosto, aunque mantienen pendiente su demanda por el pago del bono.
La diputada también cuestionó que la Municipalidad recurra a nuevas consultas administrativas antes de resolver el pago.
“Ir a Contraloría o hacer consultas no son más que trámites dilatorios para aplazar el pago que debe cumplir la municipalidad, ya que es Ley de la República”, sostuvo.
De esta manera, la parlamentaria planteó que el hecho de que el municipio no haya obtenido los recursos de la Subdere por incumplir el plazo de postulación no debería trasladar las consecuencias a los trabajadores.
El conflicto queda ahora radicado en la capacidad jurídica y presupuestaria de la Municipalidad de Angol para materializar el pago del beneficio, mientras los trabajadores esperan una solución definitiva.
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