Cinco dirigentes mapuche solicitaron investigar los recursos asociados a la participación de Sebastián Naveillán en la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Los antecedentes oficiales muestran que el excomisionado permaneció en la instancia hasta su última sesión.
Cinco dirigentes mapuche de La Araucanía difundieron una carta fechada el 26 de agosto de 2026 y dirigida a la contralora general de la República, Dorothy Pérez.
En el documento solicitan investigar los recursos utilizados por Sebastián Naveillán durante su participación en la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Los firmantes son Héctor Urbina Huircaleo, Salvador Penchulef, Horacio Lican, Heraldo Avendaño y Juan Llancao.
Los dirigentes cuestionan la participación del excomisionado y plantean un supuesto “abandono irregular” de sus compromisos.
Además, solicitan que Naveillán restituya los recursos asociados a su participación en la comisión. También proponen destinar esos fondos a comunidades mapuche.
Los antecedentes oficiales disponibles muestran una situación distinta respecto del término de su participación en la comisión.
Naveillán permaneció en la Comisión para la Paz y el Entendimiento hasta su última sesión, realizada el 30 de abril de 2025.
Durante esa jornada, el excomisionado votó en contra del informe final de la instancia.
El documento recibió el respaldo de siete de los ocho integrantes de la comisión.
Posteriormente, Naveillán también participó en la entrega del informe al entonces presidente Gabriel Boric, realizada el 6 de mayo de 2025.
Estos antecedentes contrastan con la acusación de un supuesto abandono irregular de sus funciones.
Los integrantes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento ejercieron sus funciones ad honorem.
Durante el funcionamiento de la instancia, el gasto total alcanzó cerca de $1.558 millones.
Ese monto correspondió al presupuesto global destinado al funcionamiento de la comisión.
Los recursos contemplaron gastos de personal, apoyo técnico, sesiones, traslados, alojamiento y otros servicios necesarios para desarrollar su trabajo.
Hasta ahora, no existe un monto público atribuido exclusivamente a Sebastián Naveillán por su participación en la comisión.
Por ello, la cifra global de $1.558 millones no permite establecer cuánto dinero habría correspondido específicamente al excomisionado.
Otro punto pendiente corresponde a la recepción formal de la denuncia.
La copia de la carta difundida públicamente no presenta timbre ni folio de ingreso.
Por este motivo, hasta ahora no es posible confirmar que la Contraloría General de la República haya recibido formalmente el documento.
Tampoco existen antecedentes públicos que permitan afirmar que el organismo haya iniciado una investigación a partir de esta presentación.
La eventual revisión de los antecedentes deberá determinar si existen fundamentos para investigar los recursos cuestionados por los dirigentes.
Mientras tanto, la carta representa una solicitud de cinco dirigentes mapuche para que el organismo contralor examine la situación.
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