Empresario de Angol presentó una querella contra un capitán y un sargento de Carabineros, a quienes acusa de una detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación. El hombre fue detenido en Collipulli en 2023 por porte ilegal de arma de fuego, pero posteriormente fue sobreseído. También denuncia que los funcionarios incautaron $1,3 millones que llevaba para pagar una indemnización y que ese dinero nunca le fue devuelto.
Un procedimiento policial ocurrido en marzo de 2023 en la comuna de Collipulli terminó, más de dos años después, convertido en una querella criminal contra dos funcionarios de Carabineros. El empresario de Angol Julio Herrera, quien presta servicios a la empresa de transporte ferroviario Fepasa, acusa a un capitán y a un sargento de haberlo detenido ilegalmente, atribuirle delitos que —según sostiene— no cometió y solicitarle $2 millones para dejarlo en libertad.
La acción judicial fue presentada por el abogado José Fernández en representación de Herrera y apunta contra el capitán Michael Andrés Daza Romero y el sargento Juan Manuel David Chamorro Ramos. La querella incluye acusaciones por detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación.
Los hechos se remontan al 15 de marzo de 2023, cuando Herrera fue detenido en Collipulli durante un procedimiento policial en el que Carabineros le imputó el delito de porte ilegal de arma de fuego. De acuerdo con el relato incorporado en la querella, el empresario se trasladaba hacia Pailahueque y llevaba consigo $1.300.000 en efectivo, dinero que había retirado previamente en Angol para cumplir con el pago de una indemnización.
Durante la fiscalización, los funcionarios encontraron un arma de fuego al interior del vehículo. Herrera sostiene que el arma se encontraba debidamente inscrita y que contaba con los permisos correspondientes, por lo que cuestiona que el procedimiento haya terminado con su detención y posterior imputación.
El caso siguió su curso en la justicia durante más de dos años. Finalmente, según los antecedentes expuestos por la defensa, Herrera fue sobreseído del delito por el cual había sido detenido. A partir de ese desenlace judicial, el empresario decidió emprender una nueva acción, esta vez dirigida contra los funcionarios policiales que participaron del procedimiento.
Uno de los aspectos que ahora busca esclarecer la querella es precisamente la legalidad del procedimiento realizado en marzo de 2023. La defensa sostiene que Herrera fue detenido pese a que el arma que portaba se encontraba inscrita y contaba con la documentación correspondiente, cuestionando de esta manera los fundamentos utilizados para atribuirle el delito de porte ilegal de arma de fuego.
La versión del empresario también pone el foco en el dinero que llevaba consigo al momento de la fiscalización. Según expone la querella, los funcionarios incautaron los $1.300.000 que Herrera había retirado para pagar una indemnización. Sin embargo, el denunciante sostiene que ese dinero nunca le fue restituido.
La situación adquiere especial relevancia para la defensa, porque la querella no solamente cuestiona la detención, sino también la forma en que se habría documentado el procedimiento y el destino que tuvieron las especies y el dinero incautados.
A partir de esos antecedentes, el abogado José Fernández sostiene que existirían elementos suficientes para investigar una eventual actuación irregular de los funcionarios involucrados y solicita al Ministerio Público que profundice en las circunstancias que rodearon la detención y posterior investigación contra su representado.
La acusación más grave contenida en la querella apunta a un supuesto intento de cohecho. Según la versión de Herrera y de su abogado, los funcionarios policiales le habrían solicitado $2 millones a cambio de dejarlo en libertad después de su detención.
La denuncia deberá ser investigada por el Ministerio Público y, hasta ahora, corresponde a una acusación formulada por el empresario en el marco de la querella. No existe en los antecedentes expuestos una condena ni una resolución judicial que establezca como acreditado que los funcionarios hayan solicitado dicha suma.
El abogado Fernández sostiene que la conducta denunciada no puede ser analizada de manera aislada, debido a que forma parte de un conjunto de hechos que, a juicio de la defensa, incluirían una detención ilegal y eventuales irregularidades en la documentación del procedimiento policial.
“Se ingresó en este caso querella criminal en contra del capitán de Carabineros don Michael Andrés Daza Romero y en contra del segundo, don Juan Manuel David Chamorro Ramos, por los delitos de detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación”, señaló el abogado.
La investigación que eventualmente desarrolle la Fiscalía deberá determinar si existen antecedentes objetivos que permitan corroborar o descartar las acusaciones formuladas por Herrera. Entre las diligencias solicitadas por la defensa se encuentra precisamente la recopilación de antecedentes que permitan reconstruir lo ocurrido durante el procedimiento.
Para el empresario, el caso no concluyó con el sobreseimiento de la causa original. Herrera sostiene que durante el procedimiento perdió además los $1.300.000 que llevaba consigo y que ese dinero, pese a haber sido incautado, nunca habría regresado a sus manos.
El monto, según explica, tenía un destino específico: correspondía a dinero que había retirado previamente para pagar una indemnización. Por eso, la defensa busca establecer qué ocurrió con esa suma desde el momento en que fue incautada durante el procedimiento policial.
El empresario asegura que las consecuencias del episodio se extendieron mucho más allá del proceso penal. Según su testimonio, la detención y la posterior imputación tuvieron efectos sobre su actividad empresarial, su entorno familiar y su situación personal.
“Nos afectó bastante como empresa, como persona, como familia, como empresario. Yo quiero que esto se haga justicia, por favor, que un sargento o un capitán se exprese para eso”, sostuvo Herrera.
La declaración refleja el principal argumento con que la defensa busca reabrir el análisis de un procedimiento que, desde su perspectiva, terminó generando consecuencias para el empresario pese a que posteriormente fue sobreseído de la imputación que originó su detención.
La querella solicita al Ministerio Público una serie de diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido durante el procedimiento y determinar eventuales responsabilidades. Entre ellas se encuentra que el capitán Michael Andrés Daza Romero y el sargento Juan Manuel David Chamorro Ramos presten declaración en calidad de imputados.
La defensa también solicitó acceder a los registros de audio asociados al procedimiento policial, antecedentes que podrían resultar relevantes para establecer qué ocurrió durante la fiscalización, cuáles fueron las comunicaciones entre los funcionarios y qué se dijo durante la detención.
La investigación deberá establecer además qué ocurrió con el dinero incautado y cuál fue el fundamento utilizado para la detención de Herrera. Del mismo modo, tendrá que determinar si existen antecedentes que respalden las acusaciones de cohecho, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación planteadas en la querella.
Consultada por este caso, Carabineros señaló que no se refiere a procesos judiciales que se encuentran en desarrollo.
De esta manera, un procedimiento policial ocurrido en Collipulli en marzo de 2023 vuelve ahora a los tribunales desde una perspectiva completamente distinta. Herrera pasó de ser investigado por un presunto delito de porte ilegal de arma de fuego a presentar una querella contra los funcionarios que participaron de su detención, después de obtener el sobreseimiento en la causa original.
La Fiscalía deberá determinar ahora si las acusaciones formuladas por el empresario cuentan con respaldo suficiente para establecer eventuales responsabilidades penales. Por el momento, los hechos denunciados forman parte de una querella que deberá ser investigada, mientras que el sobreseimiento de Herrera constituye el antecedente judicial que su defensa utiliza como uno de los fundamentos para cuestionar el procedimiento policial.
Conocer los principales cortes de cerdo permite elegir según la preparación, el presupuesto y la…
Los recursos corresponden a la línea PMU de emergencia de Subdere y permitirán ejecutar 21…
La entrega regional de recursos comenzó en Lautaro, en una jornada realizada en el marco…
La carrera del Liceo Pablo Neruda se realizará este sábado 3 de octubre con circuitos…
La primera versión del certamen contempla premios de hasta $500 mil y la publicación de…
Los recursos serán destinados a la compra de insumos agrícolas y alimento para animales. En…
Esta web usa cookies.