El exjefe de gabinete de Luciano Rivas, actualmente imputado en la arista Fundación Local, declaró ante la Fiscalía que los entonces diputados Diego Paulsen y Andrés Molina habrían realizado gestiones para acelerar proyectos vinculados a sus entornos familiares. Paulsen, actual embajador de Chile en Reino Unido, negó haber presionado a funcionarios públicos. El testimonio también aborda el origen de Fundación Local y una supuesta instrucción para borrar conversaciones de WhatsApp tras estallar el caso.
Una declaración de Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del exgobernador regional de La Araucanía Luciano Rivas, incorporó nuevos antecedentes a la investigación del denominado caso Fundaciones. En su testimonio ante el Ministerio Público, el exfuncionario describió presuntas gestiones políticas para agilizar proyectos financiados con recursos regionales, además de relatar cómo se habría organizado la utilización de Fundación Local para canalizar iniciativas financiadas por el Gobierno Regional.
Entre los nombres mencionados figura Diego Paulsen, exdiputado de Renovación Nacional y actual embajador de Chile en Reino Unido. Según la versión de Leonelli, Paulsen habría contactado telefónicamente a Rivas para consultar o presionar por la aprobación de proyectos vinculados a su entorno familiar.
Paulsen rechazó esa acusación y sostuvo que nunca ejerció presiones sobre funcionarios públicos para beneficiarse él o su familia. También argumentó que dejó de ser diputado el 11 de marzo de 2022, antes de la convocatoria y adjudicación de los proyectos a los que se refiere la información.
Los antecedentes forman parte de una investigación judicial en curso. Por ello, las afirmaciones atribuidas a Leonelli deben entenderse como parte de su declaración y no como hechos acreditados judicialmente.
El nombre de Diego Paulsen ya había aparecido en antecedentes relacionados con transferencias de recursos del Gobierno Regional de La Araucanía. En abril de 2026, una investigación de Radio Bío Bío informó que seis empresas vinculadas al exdiputado y a integrantes de su familia política recibieron $204 millones mediante un programa de reactivación económica.
De acuerdo con esos antecedentes, las rendiciones correspondientes a $167 millones fueron rechazadas, equivalentes al 81,9% del total transferido a las sociedades mencionadas.
Entre las empresas figuraba Santa Clara SpA, constituida por Paulsen y su esposa, que recibió poco más de $20 millones. Según la información publicada, la rendición presentada por esa sociedad fue rechazada íntegramente.
El listado también incluía Inversiones RGA Ltda. e Inversiones G7 Ltda., relacionadas con su cuñado Rodrigo García Aguilera; Fruterra Gastronomía Ltda., vinculada a Ricardo Gonzalo García Aguilera; Comercial Decorene Ltda., de su suegra Margarita Aguilera Galaz; e Inversiones 530 Ltda., de su suegro Ricardo García Migueles.
La existencia de transferencias y el rechazo de rendiciones no acreditan por sí solos la comisión de un delito. Sin embargo, estos antecedentes forman parte del contexto en el que se conocen las declaraciones de Leonelli sobre las presuntas gestiones políticas para favorecer iniciativas vinculadas a familiares.
En la declaración difundida por Bío Bío Investiga, Leonelli afirmó que Paulsen y otros parlamentarios habrían contactado directamente a Luciano Rivas para consultar por proyectos. Según su relato, el entonces gobernador le pedía a él o a su asesor Carlos Badilla verificar con Claudina Uribe si las iniciativas estaban consideradas entre las que recibirían financiamiento.
Uribe, exseremi de Transportes de La Araucanía entre 2020 y 2022, asumió posteriormente la gerencia de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo, entidad que administró el programa de reactivación económica cuestionado.
Consultado por el medio, Paulsen rechazó haber utilizado su cargo para favorecer a familiares. En su respuesta, sostuvo que dejó de ejercer como diputado el 11 de marzo de 2022, mientras que las bases de los proyectos se publicaron en agosto y los resultados se conocieron en noviembre de ese año.
También afirmó que durante los ocho meses en que coincidió como parlamentario con Rivas en el Gobierno Regional, ningún familiar suyo postuló a proyectos estatales.
“Lo segundo es que nunca he ejercido presión sobre funcionarios públicos para beneficiarme a mí o mi familia”, señaló el actual embajador, quien atribuyó la difusión de estas acusaciones a una intención de perjudicar su imagen y la de sus cercanos.
Leonelli también identificó al exdiputado Andrés Molina, expresidente de Evópoli, como una de las personas que habría realizado gestiones para favorecer proyectos relacionados con familiares.
Según la declaración, Molina habría efectuado llamados para impulsar iniciativas de sus hijos relacionadas con embarcaderos para lanchas.
El exparlamentario negó categóricamente esa versión en declaraciones a Bío Bío Investiga.
“Nunca lo llamé ni a él ni al gobernador por algún proyecto o para algún cargo”, sostuvo Molina. Además, aseguró que no tenía conocimiento de proyectos de muelles o embarcaderos relacionados con él en los que hubiera intervenido.
De esta manera, tanto Paulsen como Molina rechazaron las imputaciones que les atribuye el exjefe de gabinete de Rivas.
Otro de los aspectos centrales del testimonio se relaciona con el origen de Fundación Local y el papel que, según Leonelli, habría tenido Luciano Rivas en la búsqueda de una entidad para ejecutar proyectos financiados con recursos públicos.
El exfuncionario afirmó que la idea de utilizar una fundación para desarrollar iniciativas de interés político surgió de conversaciones entre Rivas y Andrés Albornoz, quien habría participado en las gestiones para poner en marcha la estructura.
Según el relato, una primera alternativa fue constituir una organización denominada Chile Puede Más. Su directorio habría quedado integrado por Héctor Troncoso, Raúl Narváez y Sebastián Sandoval.
Sin embargo, esa opción habría enfrentado un obstáculo relacionado con los requisitos de antigüedad exigidos para acceder a determinados recursos públicos. De acuerdo con la declaración, se optó entonces por recurrir a Fundación Local, una organización que ya existía y que tenía domicilio en Viña del Mar.
Leonelli atribuyó a Albornoz gestiones para modificar los estatutos, renovar el directorio y preparar las postulaciones a programas financiados por el Gobierno Regional. También mencionó la participación de otras personas en la formulación y tramitación de las iniciativas.
Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada por el imputado y deberán ser contrastadas con los demás antecedentes reunidos por el Ministerio Público.
Según una investigación publicada por BBCL Investiga en julio de 2025, Fundación Local recibió más de $2.100 millones del Gobierno Regional de La Araucanía, en el marco de convenios que comprometían recursos por más de $9.000 millones.
En su declaración, Leonelli sostuvo que la fundación postuló a cinco o seis programas, con montos inferiores a 7.000 UTM. Según explicó, ese límite habría permitido que las iniciativas fueran asignadas directamente por el gobernador, sin pasar por una aprobación del Consejo Regional.
El testimonio también atribuye a Rivas instrucciones para que colaboradores participaran en la formulación de los proyectos, así como gestiones para ingresar sus antecedentes al Gobierno Regional.
La investigación busca esclarecer cómo se diseñaron, aprobaron y ejecutaron los convenios, además de establecer si existieron irregularidades en la utilización de los recursos públicos.
Uno de los episodios más llamativos del testimonio se refiere a lo ocurrido después de que el caso Fundaciones adquiriera notoriedad pública.
Leonelli declaró que Rivas lo convocó junto con Andrés Albornoz y Carlos Badilla y les ordenó formatear sus teléfonos y borrar las conversaciones de WhatsApp. Según su relato, el entonces gobernador habría realizado la misma acción delante de ellos.
“El gobernador ordenó formatear nuestro WhatsApp delante de él y él hizo lo mismo”, afirmó Leonelli.
El exjefe de gabinete señaló que Rivas habría justificado la instrucción como una medida preventiva, argumentando que no existía nada irregular en las conversaciones.
También relató que posteriormente se realizó una reunión con jefes de división, el administrador regional y otros colaboradores para definir una estrategia frente a las repercusiones políticas y judiciales del caso.
De acuerdo con su versión, en ese encuentro se solicitó elaborar informes sobre la ejecución de los proyectos cuestionados y se analizó la posibilidad de contratar a un abogado penalista. Leonelli aseguró que pidió una reunión con el fiscal regional para entregar antecedentes relacionados con las iniciativas.
La eventual eliminación de comunicaciones y su relevancia para la investigación deberán evaluarse a partir de los antecedentes que pueda reunir la Fiscalía.
Consultado por las afirmaciones de su exjefe de gabinete, el exgobernador Luciano Rivas optó por no profundizar en los detalles de la investigación.
En una declaración, señaló que los antecedentes forman parte de una carpeta investigativa relacionada con hechos que están siendo examinados por la Justicia y sostuvo que prefiere no emitir opiniones mientras el proceso continúa.
Rivas argumentó que su decisión responde al respeto por el trabajo del Ministerio Público y por las instituciones encargadas de desarrollar las diligencias.
La declaración de Leonelli abre nuevas líneas de atención sobre las presuntas gestiones políticas, la administración de los recursos regionales y el funcionamiento de Fundación Local. No obstante, el contenido de su testimonio, las respuestas de las personas aludidas y los demás antecedentes de la investigación deberán ser considerados en su conjunto antes de establecer responsabilidades.
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