Un estudio realizado junto a Chile Transparente revela una profunda desconfianza hacia las instituciones: el 55% asocia a las municipalidades con la corrupción y el 46% cree que alcaldes y concejales priorizan intereses personales por sobre los de la comunidad.
La transparencia municipal enfrenta un importante cuestionamiento ciudadano. Según el informe “Claves Ipsos” N.º 55, elaborado por Ipsos junto a Chile Transparente, apenas el 19% de las personas considera que las municipalidades son transparentes en la rendición de fondos públicos.
El estudio también revela que el 46% de los encuestados cree que las autoridades locales, como alcaldes y concejales, priorizan sus intereses personales por sobre las necesidades de la comunidad. Además, sólo el 29% considera que los municipios cuentan con herramientas suficientes para prevenir la corrupción.
Los resultados ponen el foco en la confianza ciudadana hacia los gobiernos locales, instituciones que cumplen un papel directo en la administración de recursos públicos, la entrega de ayudas sociales y la ejecución de iniciativas que afectan la vida cotidiana de las comunidades.
La encuesta muestra que la percepción de corrupción se extiende a distintos niveles de la sociedad. Un 71% de las personas consultadas percibe un alto nivel de corrupción en el país y el Estado. La cifra disminuye cuando la evaluación se refiere a espacios más cercanos: alcanza el 54% en la región de residencia y el 40% en la comuna.
Al evaluar 15 instituciones, 12 presentan una mayor asociación con la corrupción que con la probidad, según los resultados del informe.
Los partidos políticos encabezan esta percepción con un 74%, seguidos por el Congreso Nacional, con un 70%. A continuación aparecen los tribunales de justicia, con un 59%; las municipalidades, con un 55%; y el Estado, con un 54%.
En contraste, la Policía de Investigaciones registra un 37% de asociación con la probidad, Carabineros un 36% y las Fuerzas Armadas un 35%. Entre los actores de la sociedad civil, los emprendedores y propietarios de pequeños negocios destacan con un 69% de percepción de conducta honrada.
La directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda Mayorga, advirtió sobre las consecuencias de esta desconfianza institucional.
“En un contexto de crisis de confianza persistente, resulta especialmente preocupante el alto desprestigio de las instituciones asociadas a los tres poderes del Estado que se ha instalado en la ciudadanía”, señaló, vinculando esta percepción con un deterioro de la confianza en el funcionamiento de la democracia.
Frente a la situación de los municipios, las personas encuestadas identifican tres medidas prioritarias para fortalecer la probidad y la transparencia local.
El 56% pide aumentar el control sobre los recursos públicos; el 51% considera necesario investigar y sancionar las faltas de probidad; y el 50% plantea transparentar los criterios utilizados para entregar ayudas.
Las cifras reflejan una demanda por mayores mecanismos de control, reglas claras y rendición de cuentas en la gestión municipal.
El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, sostuvo que enfrentar los casos de corrupción requiere medidas concretas para recuperar la confianza pública y fortalecer las capacidades institucionales.
El informe también aborda una eventual reforma al empleo público. En ese ámbito, el 61% de las personas consultadas considera prioritario transparentar los criterios de selección de funcionarios, una exigencia que apunta a reforzar la claridad de los procesos de contratación.
Por otra parte, un 44% declara no confiar en la labor de las instituciones chilenas encargadas de combatir la corrupción, mientras que sólo un 22% manifiesta confianza en ellas.
El informe “Claves Ipsos” N.º 55 también examinó el conocimiento ciudadano sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
Aunque la mitad de la población afirma haber oído hablar de la normativa, sólo un tercio de ese grupo, equivalente al 33%, comprende realmente su alcance.
Pese a este desconocimiento, el 80% manifiesta una alta preocupación por el tratamiento de su información personal.
En cuanto a la confianza en el manejo de datos, el Registro Civil obtiene un 58% y el Registro Social de Hogares un 50%. En el extremo contrario, las redes sociales son identificadas como las más inseguras, con un 72%, seguidas por las empresas de reparto a domicilio, con un 59%.
El estudio, que consulta mensualmente a 1.000 personas sobre temas de interés nacional, aborda así dos dimensiones de la confianza pública: la probidad en las instituciones y la protección de la información personal.
En el ámbito municipal, sus resultados dejan planteado un desafío concreto para las autoridades: fortalecer los controles sobre el gasto, transparentar las decisiones y demostrar con información verificable cómo se administran los recursos destinados a la comunidad.
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