El examen toxicológico incluyó a la totalidad del gabinete regional, además de los delegados presidenciales de La Araucanía y Malleco. Las muestras de pelo serán analizadas en el extranjero y sus resultados deberán ser dados a conocer públicamente, conforme a la normativa vigente.
Las principales autoridades del Gobierno en La Araucanía participaron en una segunda ronda de exámenes toxicológicos para detectar el eventual consumo de sustancias ilícitas. El procedimiento incluyó a todos los secretarios regionales ministeriales y a los delegados presidenciales regional y provincial de Malleco.
La información fue entregada por el seremi de Gobierno, Felipe Montero, quien confirmó que las muestras biológicas de pelo fueron tomadas a los integrantes del gabinete regional, incluidos Francisco Ljubetic y Víctor Manoli.
El procedimiento se enmarca en las disposiciones del artículo 110 de la Ley N° 21.806, que establece controles obligatorios para determinadas altas autoridades de la Administración del Estado. La normativa contempla exámenes al asumir el cargo y, posteriormente, al menos dos veces al año.
De acuerdo con lo informado por Montero, las muestras serán enviadas a Estados Unidos para su análisis en una institución especializada. El proceso contará con apoyo técnico y coordinación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), con el objetivo de resguardar la cadena de custodia y la confiabilidad de los resultados.
“Como autoridades tenemos que dar con contundencia una señal a la ciudadanía de compromiso con la probidad y la transparencia, sobre todo cuando queremos mostrar una mano dura contra el narcotráfico y contra el crimen organizado”, señaló el seremi.
La autoridad agregó que el Gobierno espera recibir los resultados para comunicarlos oportunamente a la ciudadanía.
Por ahora, la realización de los exámenes acredita que las autoridades participaron en el procedimiento, pero no permite establecer cuál fue el resultado de los análisis. Esa información será conocida una vez que concluya el proceso de laboratorio.
La Contraloría General de la República impartió instrucciones para la implementación del artículo 110, estableciendo un régimen obligatorio de control del consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales para las autoridades comprendidas en la disposición.
La medida apunta a fortalecer los estándares de probidad administrativa y transparencia en el ejercicio de la función pública. Además, contempla la publicidad de los resultados, resguardando las disposiciones legales sobre protección de datos personales.
Desde el Gobierno Regional se vinculó esta iniciativa con la agenda de probidad y combate al narcotráfico impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast.
El desafío, sin embargo, no termina con la toma de muestras. La transparencia de este mecanismo también dependerá de que los resultados se publiquen en los términos que establece la ley y de que la ciudadanía pueda conocer su cumplimiento efectivo.
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