El Caso Audios Pucón sigue generando controversia en la comuna. El suspendido jefe de la Educación municipal, Alejandro Durán, interpuso una querella por extorsión y tráfico de influencias en contra del Administrador Municipal, Francisco Torres; el asesor Iván Soriano; y el jefe Jurídico de la municipalidad, Franco Tosti-Croce. Además, la concejal Verónica Castillo presentó una denuncia ante la fiscalía local por eventuales delitos relacionados con los registros que Durán grabó de manera secreta.

Grabaciones como evidencia

Según la querella presentada por Durán, las grabaciones evidencian que Francisco Torres le ofreció “sujetar el sumario” para que pudiera ordenar sus asuntos personales y renunciar, evitando así posibles sanciones que lo inhabilitarían para ejercer cargos públicos. Los audios, que fueron incorporados a la demanda de tutela laboral por $60 millones presentada por Durán, constituyen la base de la acción judicial contra los funcionarios municipales.

Declaraciones de Alejandro Durán

Durán sostiene que desde que asumió la actual administración el 6 de diciembre de 2024, fue objeto de acoso laboral, presiones y amenazas. En las conversaciones registradas, asegura que tanto Torres como Soriano intentaron persuadirlo para que renunciara a su cargo, bajo la advertencia de enfrentar un sumario y posibles sanciones de hasta cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. “Yo tengo mi conciencia y mis manos limpias. Nadie del Departamento de Educación ha cometido delitos de malversación de fondos”, señaló el funcionario.

Reacción del alcalde Sebastián Álvarez

El alcalde Álvarez calificó como un “delito grave” la grabación de conversaciones en su oficina y dejó entrever que podrían iniciar acciones legales contra Durán. No obstante, se refirió a la situación como un conflicto judicial en curso, resaltando que los problemas en el Departamento de Educación eran previos a su gestión y que la municipalidad ha trabajado en ordenar los recursos, infraestructura y servicios de transporte escolar.

Acciones legales y consecuencias

La querella presentada por Durán apunta a delitos del Código Penal relacionados con extorsión y tráfico de influencias, mientras que la denuncia de la concejal Castillo se enfoca en la fiscalización de la función pública y el resguardo de la probidad administrativa. Ambos casos ya están siendo tramitados por el Ministerio Público y forman parte de un proceso judicial más amplio que mantiene la atención en la municipalidad de Pucón.

Contexto y repercusiones

El caso no solo evidencia la tensión interna en la municipalidad, sino que también pone sobre la mesa la discusión sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos en la comuna. Mientras la justicia define responsabilidades, la comunidad y los medios locales siguen atentos a los avances del Caso Audios Pucón, que podría sentar precedentes en materia de acoso laboral y registros ilegales de conversaciones en el ámbito público.