El Servicio de Salud Araucanía Norte inició un sumario administrativo por denuncias de presunto acoso sexual en contra del subdirector administrativo del Hospital de Purén, Mauricio Flores.
Las acusaciones fueron presentadas por dos funcionarias del recinto, activando los procedimientos disciplinarios contemplados en la normativa de la Administración Pública.
La investigación se desarrolla bajo reserva, conforme al Estatuto Administrativo y la legislación sobre protección de datos personales. Sin embargo, el caso deja al descubierto una serie de tensiones internas y zonas grises en la gestión de denuncias de violencia laboral dentro del sistema público de salud.
Según confirmó el Servicio de Salud mediante un comunicado, se designó un fiscal administrativo y se adoptaron medidas preventivas para resguardar a las denunciantes, incluyendo la suspensión temporal del funcionario denunciado mientras se desarrolla el proceso. El sumario buscará establecer eventuales responsabilidades y definir sanciones que pueden ir desde amonestaciones hasta la destitución del cargo.
El silencio de las autoridades locales
Consultado por este medio, el director del Hospital de Purén, Werner Millaqueo, evitó referirse al caso. Tampoco los gremios de la salud de la zona han emitido declaraciones públicas, pese a que el funcionario denunciado mantiene un rol como dirigente gremial.
La ausencia de pronunciamientos contrasta con los discursos institucionales sobre tolerancia cero frente al acoso y la violencia de género en el sector público. En la práctica, el caso pone en evidencia la dificultad de las instituciones para enfrentar denuncias cuando estas involucran a autoridades internas o figuras con poder organizacional.
Protocolos, poder y cultura organizacional
El marco normativo vigente obliga a los servicios públicos a activar procedimientos disciplinarios y medidas de resguardo ante denuncias de acoso sexual. No obstante, especialistas en gestión pública han advertido que la efectividad de estos protocolos depende en gran medida de la cultura organizacional, la independencia de los fiscales administrativos y la protección efectiva de las denunciantes frente a eventuales represalias.
En el sistema de salud, donde las relaciones jerárquicas son marcadas y los gremios tienen influencia en la gobernanza interna, los procesos disciplinarios suelen desarrollarse en entornos de alta presión política y corporativa.
Un proceso largo y con impacto institucional
El sumario podría extenderse por varios meses, e incluso años, dependiendo de la complejidad de las diligencias y eventuales recursos administrativos o judiciales. Mientras tanto, el caso tensiona a la institución y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la protección efectiva de trabajadores que denuncian violencia laboral.
El desenlace del proceso no solo determinará responsabilidades individuales, sino también la capacidad del sistema de salud pública para enfrentar denuncias que involuucran a sus propias autoridades internas.

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