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Un duro revés para el Gobierno atribuyeron parlamentarios de oposición a la reciente decisión del Tribunal Constitucional respecto de una disposición contenida en el proyecto de ley de reconstrucción, relacionada con la reposición de servicios básicos en zonas declaradas bajo estado de catástrofe.

Las críticas apuntaron directamente a La Moneda y a la decisión del Ejecutivo de recurrir ante el Tribunal Constitucional contra una norma que establece obligaciones para las empresas proveedoras de servicios básicos frente a situaciones de emergencia.

El senador Iván Flores cuestionó con dureza la estrategia adoptada por el Gobierno y sostuvo que el resultado constituye una derrota para el Ejecutivo y, particularmente, para la forma en que se abordó la discusión sobre la reconstrucción.

“Se siguen haciendo las cosas mal”, afirmó el parlamentario, quien calificó como “una tremenda derrota” para el Presidente de la República y el Gobierno el resultado del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional.

Según explicó Flores, la controversia se relacionaba con las disposiciones destinadas a permitir la reconexión de servicios a personas que no han podido pagar sus cuentas en sectores afectados por incendios y otras situaciones de emergencia.

El senador cuestionó además que el Ejecutivo haya optado por recurrir al órgano constitucional contra una disposición que, desde su perspectiva, busca entregar protección a familias que se encuentran en zonas afectadas por una catástrofe.

Flores cuestiona asesoría del Gobierno

El parlamentario también dirigió sus críticas hacia el equipo asesor del Presidente de la República, apuntando a la responsabilidad política que, a su juicio, existe detrás de la presentación ante el Tribunal Constitucional.

“¿Cómo el Gobierno no se preocupa de tener asesores que le digan o le recomienden al Presidente no cometa este tremendo error?”, cuestionó.

Flores puso énfasis además en la contundencia con que, según sus palabras, se habría pronunciado el Tribunal Constitucional, señalando que la decisión fue adoptada por una amplia mayoría.

“Hoy día el Tribunal Constitucional ha hablado nueve contra uno”, afirmó el senador, antes de insistir en su crítica al manejo del Ejecutivo.

La controversia se instala así en medio de la discusión sobre las medidas de reconstrucción y protección para las familias afectadas por emergencias, particularmente respecto del acceso a servicios esenciales como agua, electricidad y gas.

Diputado acusa al Gobierno de rechazar protección para las familias

En la misma línea, el diputado César Valenzuela sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional respaldó la norma que, según explicó, constituye una de las principales herramientas de protección para las personas afectadas por estados de catástrofe.

“El Tribunal Constitucional nos dio la razón”, afirmó el parlamentario.

Flores sostuvo que la disposición establece que las empresas deberán reponer servicios esenciales como agua, electricidad y gas cuando existan estados de catástrofe, enfatizando que se trata de una medida destinada a proteger a las familias en circunstancias excepcionales.

“Las empresas van a estar obligadas a reponer los servicios de agua, luz y gas frente a estados de catástrofe”, señaló.

El diputado cuestionó particularmente que el Ejecutivo se haya opuesto a esta disposición, calificando la medida como “tan básica” y criticando que el Gobierno haya decidido recurrir contra ella.

Un nuevo flanco para el Ejecutivo

Las declaraciones de ambos parlamentarios abren un nuevo frente de cuestionamientos políticos contra La Moneda, en momentos en que la reconstrucción y las medidas de protección para las comunidades afectadas por emergencias continúan siendo parte relevante de la agenda pública.

El punto central de la controversia está en el equilibrio entre las obligaciones de las empresas de servicios básicos y las medidas de protección que deben aplicarse durante situaciones de catástrofe.

Para los parlamentarios, el fallo del Tribunal Constitucional representa una señal clara respecto de la necesidad de mantener mecanismos que permitan garantizar servicios esenciales a las personas afectadas por emergencias.

Las críticas también apuntan a la estrategia jurídica adoptada por el Gobierno, debido a que, según Flores, el Ejecutivo terminó enfrentando una derrota institucional tras recurrir contra una norma que los parlamentarios consideran fundamental para proteger a las familias damnificadas.

Con este escenario, la discusión sobre la reconstrucción vuelve a tensionar al Gobierno y a la oposición, mientras el debate se centra ahora en cómo implementar las obligaciones establecidas para garantizar el acceso a servicios básicos en territorios afectados por catástrofes.