El instrumento contempla 10 medidas y 35 acciones para fortalecer la seguridad hídrica, con foco en el acceso al agua, la protección de ecosistemas y la adaptación de sectores productivos frente a sequías, inundaciones y otros eventos extremos.

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Chile cuenta oficialmente con su primer Plan de Adaptación al Cambio Climático para los Recursos Hídricos. El instrumento fue tomado de razón por la Contraloría General de la República y posteriormente publicado en el Diario Oficial, formalizando una hoja de ruta nacional para enfrentar los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad y gestión del agua.

El Plan de Adaptación al Cambio Climático para los Recursos Hídricos (PACC-RH) contempla 10 medidas y 35 acciones que buscan fortalecer la seguridad hídrica del país desde distintas áreas, incluyendo el abastecimiento de agua para las personas, la protección de los ecosistemas y la continuidad de las actividades productivas.

El instrumento es liderado por la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio del Medio Ambiente como contraparte técnica. Su desarrollo contó además con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y financiamiento del Fondo Verde para el Clima.

Agua urbana, brecha rural y presión de las actividades productivas

El nuevo plan aborda un escenario marcado por importantes diferencias en el acceso al agua. De acuerdo con los antecedentes incorporados al instrumento, la cobertura de agua potable en las zonas urbanas alcanzaba al 99,9% de la población nacional en 2022.

En las zonas rurales, en cambio, solo un 57% de la población accedía al agua mediante una red pública.

A esta brecha se suma la demanda de los sectores productivos. La agricultura bajo riego y el uso pecuario representan aproximadamente el 73% de la demanda consuntiva de agua del país, según los antecedentes utilizados para la elaboración del Plan.

“Este Plan constituye un avance fundamental para la gestión adaptada y resiliente de los recursos hídricos del país. Las sequías, inundaciones y aluviones que hemos enfrentado en los últimos años nos muestran la necesidad de anticiparnos y prepararnos mejor frente a un clima cambiante”, señaló Louis de Grange, biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones.

El documento considera acciones destinadas a fortalecer los sistemas urbanos y rurales de agua y saneamiento, promover el uso sustentable del recurso en actividades productivas y mejorar la preparación ante sequías, inundaciones y otros riesgos asociados al cambio climático.

También incorpora medidas vinculadas con planificación territorial, generación de conocimiento, fortalecimiento de capacidades y cooperación con el sector privado.

Un plan construido durante dos años

La elaboración del PACC-RH se extendió por cerca de dos años e involucró a organismos públicos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, representantes del sector privado y de los 11 pueblos indígenas reconocidos por ley.

Durante la Consulta Ciudadana del Anteproyecto se recibieron más de 3.000 observaciones y aportes, los que fueron considerados en el proceso de elaboración del instrumento definitivo.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente, la ministra Francisca Toledo destacó que el nuevo plan establece por primera vez una hoja de ruta específica para abordar los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos.

“Su importancia radica en que convierte la adaptación hídrica en una tarea concreta del Estado articulando instituciones, conocimiento y acciones para fortalecer la seguridad hídrica frente a un clima que ya está cambiando”, afirmó.

El plan forma parte de los 12 instrumentos de adaptación priorizados por la Ley Marco de Cambio Climático y constituye uno de los mecanismos previstos para avanzar en la implementación de dicha normativa.

De la planificación a herramientas para los territorios

La implementación del plan ya contempla herramientas destinadas a trasladar sus objetivos hacia la gestión concreta del agua en las distintas zonas del país.

Una de ellas es una metodología para construir 38 indicadores de seguridad hídrica de cuenca, que fue aplicada de manera piloto en Camiña, río Maipo, río Valdivia y Seno Andrew, representativos de las cuatro macrozonas del territorio nacional.

El proceso incorporó análisis técnico y participación de 195 personas pertenecientes al sector público y privado, la academia, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de mujeres vinculadas con la gestión del agua.

Otra herramienta es el Kit de Acción Climática Municipal por el Agua, diseñado para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales e incorporar criterios de seguridad hídrica y adaptación climática en sus instrumentos de planificación y gestión.

La difusión y el fortalecimiento de capacidades asociados a esta iniciativa convocaron a representantes de más de 170 municipalidades del país.

Sector privado y soluciones basadas en la naturaleza

El conjunto de acciones también considera una estrategia destinada a fortalecer la participación del sector privado en la adaptación climática y en la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Entre las iniciativas se encuentra el fortalecimiento del Acuerdo de Producción Limpia Certificado Azul y el desarrollo de herramientas para facilitar la incorporación de Soluciones basadas en la Naturaleza en el trabajo de la Dirección General de Aguas.

Para la FAO, la adaptación hídrica requiere abordar de manera conjunta las necesidades de las comunidades, la producción de alimentos, los ecosistemas y el desarrollo de los territorios.

“Adaptarse significa anticiparse a los riesgos, reducir vulnerabilidades y contar con mejores herramientas para tomar decisiones frente a un clima cambiante que afecta a todos los sectores”, señaló Maya Takagi, representante ad interim de la FAO en Chile.

El desafío ahora será llevar las 10 medidas y 35 acciones desde el diseño nacional hacia su implementación efectiva en las cuencas y territorios, donde las diferencias en disponibilidad, acceso y demanda de agua plantean desafíos distintos para las comunidades y actividades productivas.