---

La Defensoría de la Niñez alertó sobre los desafíos pendientes en materia de justicia, protección de derechos y actuación policial, a siete años del estallido social de octubre de 2019.

Según antecedentes del Ministerio Público analizados por el organismo, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 525 niños, niñas y adolescentes como víctimas de presuntos delitos asociados a violencia institucional. La cifra equivale al 97% de lo registrado durante todo 2025, aunque la Defensoría precisó que ambos períodos no son directamente comparables.

Los datos forman parte de un nuevo informe de seguimiento sobre las garantías de no repetición de las vulneraciones de derechos de la niñez y adolescencia. El documento examina tanto las investigaciones relacionadas con el estallido social como los procedimientos policiales y las detenciones de adolescentes en años posteriores.

Solo 28 relaciones procesales terminaron en condena

El informe identifica 1.885 causas judiciales vinculadas a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social, que comprenden 2.320 relaciones procesales.

De estas últimas, 2.184 se encontraban concluidas, equivalentes al 94%. Sin embargo, solo 28 terminaron mediante sentencia condenatoria, cerca del 1,3% de las relaciones procesales concluidas.

Entre las formas de término sin una sentencia condenatoria, el documento contabiliza 1.061 relaciones procesales finalizadas por archivo provisional y otras 434 mediante decisiones de no perseverar.

Para la Defensoría, estos antecedentes plantean interrogantes sobre las dificultades para esclarecer los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades. Las cifras corresponden a relaciones procesales y no deben interpretarse como un recuento de personas condenadas o absueltas.

Cuestionamientos a procedimientos policiales y detenciones

El documento también recoge observaciones realizadas por la Defensoría durante procedimientos policiales y detenciones de adolescentes, particularmente en contextos de movilizaciones estudiantiles.

Entre los aspectos identificados se encuentran cuestionamientos a la fundamentación de controles de identidad investigativos, denuncias de uso excesivo de la fuerza durante detenciones y dificultades para que adolescentes comprendan efectivamente sus derechos.

Asimismo, el organismo advierte sobre problemas relacionados con el acceso oportuno a defensa penal especializada y demoras en las instrucciones del Ministerio Público a las policías. Según el análisis, estas situaciones pueden prolongar innecesariamente la permanencia de adolescentes en recintos policiales.

El informe también reconoce prácticas favorables de protección observadas en la 48.ª Comisaría de Asuntos de la Familia e Infancia, destacando la importancia de fortalecer y extender los procedimientos que resguardan adecuadamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Garantías de no repetición y uso de la fuerza

La Defensoría sostiene que las obligaciones del Estado no terminan con la investigación de las vulneraciones ocurridas durante el estallido social. También incluyen adoptar medidas concretas para prevenir nuevos hechos de violencia institucional.

En ese contexto, el organismo plantea la necesidad de examinar la aplicación de la normativa sobre Reglas del Uso de la Fuerza, recientemente despachada por el Congreso, con especial atención al empleo de armamento potencialmente letal y a la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes.

El informe enfatiza que la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos son obligaciones complementarias. Por ello, considera necesario contar con mecanismos efectivos de supervisión, rendición de cuentas y evaluación de los efectos de los procedimientos policiales sobre la niñez y adolescencia.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que el Estado mantiene obligaciones pendientes con quienes sufrieron vulneraciones durante el estallido social y advirtió que las garantías de no repetición requieren cambios efectivos en la actuación de las instituciones, más allá de la dictación de leyes o la actualización de protocolos.

“La seguridad y el respeto de los derechos humanos deben avanzar juntos”, señaló Quesille.

El informe completo está disponible en el sitio web de la institución: Informe Verdad, Justicia y Reparación — Defensoría de la Niñez.