La Ley de Notarías y digitalización, que prometía modernizar el sistema registral chileno, terminó siendo un retroceso. Aunque el proyecto contemplaba avances tecnológicos para facilitar los trámites, finalmente se eliminaron elementos clave como la firma electrónica plena, manteniendo la obligatoriedad de firmar en papel y acudir presencialmente a las notarías.

Avances diluidos en la tramitación legislativa

Despachado por el Senado el 1 de julio, el proyecto establece un nuevo sistema para nombrar notarios, archiveros y conservadores, ahora bajo el alero de la Alta Dirección Pública y el Ejecutivo. También fija estándares mínimos para infraestructura, equipamiento, presencia digital y horarios de atención.

Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria, se eliminaron medidas relevantes como la habilitación plena de la firma electrónica en escrituras públicas, generando incertidumbre respecto al alcance real de la modernización anunciada.

Oportunidad desaprovechada para una digitalización real

“La iniciativa terminó eliminando aspectos clave de la digitalización que habrían significado un avance real para los usuarios”, afirma Marcelo Mora, CEO de IDOK, empresa especializada en firma electrónica avanzada. “Aunque se amplía la digitalización de ciertos trámites, se mantiene la obligación de firmar en papel y asistir presencialmente”.

La postura del experto apunta al rezago que implica esta decisión, especialmente en comparación con los esfuerzos del propio Estado por avanzar en transformación digital, interoperabilidad y reducción de la burocracia.

Advertencias ignoradas desde 2017

El “Estudio de Mercado sobre Notarías” de la Fiscalía Nacional Económica ya advertía en 2017 que el sistema notarial chileno era ineficiente, poco competitivo y con escasa digitalización. El informe estimaba que se podrían ahorrar hasta 149 millones de dólares anuales si se avanzaba hacia un modelo más ágil y tecnológico.

Pese a ello, presiones gremiales habrían limitado la profundidad de la reforma. “Al final, se está permitiendo al notario cobrar más, pero el usuario sigue igual: firmando todo en papel y de forma presencial. Es una tremenda pérdida para los usuarios”, agregó Mora.

Un retroceso para ciudadanos, pymes y emprendedores

Para usuarios y pequeñas empresas, la decisión de mantener la presencialidad representa un gasto innecesario en tiempo y recursos. “La modernización notarial habría sido una oportunidad para robustecer procesos digitales, generar confianza y entregar flexibilidad. En cambio, se optó por un enfoque mixto que mantiene barreras innecesarias”, concluye el CEO de IDOK.

En una era en que la tecnología ya está disponible y probada, la Ley de Notarías parece mirar más hacia el pasado que hacia el futuro digital que muchos esperaban.