El parlamentario Jorge Rathgeb (RN) cuestionó la falta de proactividad del Gobierno frente a los recientes atentados en Vilcún, señalando que no existen medidas preventivas ni inteligencia operativa para anticipar la violencia rural que afecta incluso a agricultores mapuches.
Durante la madrugada del viernes, desconocidos incendiaron una casa patronal y una bodega con maquinaria agrícola en la comuna de Vilcún, en la región de La Araucanía. Según los primeros reportes, el fuego consumió completamente ambas estructuras y en el lugar se hallaron lienzos con consignas reivindicatorias, lo que refuerza la línea investigativa sobre posibles motivaciones vinculadas al conflicto territorial en la macrozona sur.
Bomberos y Carabineros concurrieron al sitio del suceso para controlar las llamas y recopilar evidencias que permitan establecer la dinámica de los hechos. No se registraron personas lesionadas ni detenidos hasta el cierre de esta edición.
El diputado Jorge Rathgeb, presidente regional de Renovación Nacional, expresó su preocupación por lo que considera una nula capacidad de anticipación por parte del Ejecutivo ante este tipo de ataques. “Si existen procesos judiciales y fallos en curso, hay que tomar medidas preventivas, pero eso no sucede. Las consecuencias están a la vista con hechos como el ocurrido en Vilcún”, señaló el parlamentario.
Rathgeb agregó que este tipo de episodios, además de causar pérdidas materiales, afectan directamente a familias locales y productores mapuches que trabajan la tierra y buscan desarrollar sus proyectos en paz. “El Gobierno no entiende la lógica de estos ataques y tampoco aplica políticas de inteligencia que permitan neutralizarlos”, enfatizó.
El legislador añadió que las advertencias sobre eventuales represalias tras fallos judiciales adversos no han sido consideradas por las autoridades. “He dicho en múltiples ocasiones que después de resoluciones desfavorables suelen ocurrir atentados, pero no se actúa con prevención. Lo más preocupante es que al Gobierno le cuesta condenar estos hechos con todas sus letras”, puntualizó.
A juicio de Rathgeb, esta falta de reacción no solo evidencia una desconexión con la realidad que viven las comunidades rurales, sino también una pérdida de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública. “Después de casi cuatro años sin cambios en la política de seguridad, resulta difícil pensar que ahora, con el Gobierno en su etapa final, vayan a hacerlo”, concluyó.
En la región, los gremios agrícolas y vecinos han manifestado su preocupación ante el aumento de los ataques incendiarios, pidiendo mayor presencia policial, patrullajes preventivos y coordinación con las fiscalías locales para frenar la violencia que sigue afectando a productores y familias del campo.
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