Fachada Edificio Gobernación de la Araucanía, Foto de Archivo,
La Policía de Investigaciones detuvo a Roberto Soto Fuentes, exfuncionario del Gobierno Regional de La Araucanía, acusado de fraude al fisco y lavado de activos. La investigación se originó tras una denuncia presentada en 2024 y apunta a un esquema de rendiciones falsas en programas ejecutados junto a una universidad privada.
La mañana de este martes fue detenido Roberto Soto Fuentes, exfuncionario del Gobierno Regional de La Araucanía, en el marco de una investigación por presuntos delitos de fraude al fisco y lavado de activos vinculados a la adjudicación y rendición irregular de recursos públicos.
La causa, que es liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad en conjunto con la Policía de Investigaciones, se enmarca en las indagatorias del denominado “caso Convenios” y apunta a un esquema sistemático de desvío de fondos mediante facturación falsa y simulación de compras.
El caso se remonta a 2024, cuando el entonces gobernador regional, Luciano Rivas, presentó una denuncia luego de que funcionarios del GORE detectaran eventuales irregularidades en la rendición de un programa ejecutado por la Universidad Autónoma de Chile.
Según los antecedentes recopilados, Soto Fuentes habría aprobado rendiciones de facturas correspondientes a una empresa en la cual tendría interés o participación directa, actuando simultáneamente como contraparte técnica encargada de revisar y validar dichos gastos. La situación quedó al descubierto luego de que el funcionario hiciera uso de licencias médicas, siendo reemplazado temporalmente por otro trabajador, quien detectó que una de las facturas incluía el correo electrónico personal del propio Soto Fuentes.
El hallazgo activó las alertas internas y permitió destapar un mecanismo que, de acuerdo a la investigación, se habría repetido con distintos beneficiarios y programas.
Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que, en al menos uno de los casos, la beneficiaria del programa nunca habría recibido los recursos adjudicados, pese a que las rendiciones ya se encontraban aprobadas. Incluso, algunas facturas habrían sido ingresadas antes de que los fondos fueran retirados formalmente.
El exfuncionario, quien tenía grado 8 y percibía una remuneración bruta superior a los $3,4 millones mensuales, habría utilizado facturas propias o de personas relacionadas para justificar gastos inexistentes, desviando recursos públicos hacia empresas que controlaba de manera encubierta.
Este modus operandi, según la fiscalía, no habría sido un hecho aislado, sino parte de un esquema reiterado que se extendió por distintos proyectos financiados con recursos regionales.
La Fiscalía Regional confirmó que tres personas —Roberto Soto Fuentes, su conviviente y la madre de esta— fueron detenidas y pasarán a control de detención, imputadas por delitos de fraude al fisco y lavado de activos.
“La causa indaga un esquema de adjudicación fraudulenta de recursos públicos desde el Gobierno Regional de La Araucanía, utilizando documentación falsa, simulación de compras y maniobras financieras para ocultar el origen de los fondos”, señaló el Ministerio Público.
La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas aristas ni más involucrados, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa el uso de recursos públicos y los mecanismos de control al interior de los gobiernos regionales.
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