La Cámara de Comercio de Santiago advierte que la entrada en vigencia de la tercera etapa de la Ley PUSU genera dudas operativas por la falta de reglamento, poniendo en riesgo la correcta implementación de la normativa ambiental.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) expresó su preocupación ante la entrada en vigencia de la tercera etapa de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso (Ley PUSU), que comenzará a regir este 13 de febrero. La normativa establece nuevas exigencias para supermercados y establecimientos de expendio de alimentos, incluyendo la obligación de exhibir al menos un 30% de bebidas en botellas retornables y la restricción de plásticos de un solo uso, permitidos únicamente si son biodegradables certificados o “a pedido” del consumidor.
Sin embargo, el gremio advierte que aún no existe un reglamento oficial que precise aspectos operativos esenciales, como la definición de “vitrina”, la forma de calcular el porcentaje exigido o los criterios de fiscalización. Esta falta de claridad podría derivar en interpretaciones disímiles y fiscalizaciones contradictorias, afectando la operación diaria de los negocios y la certeza jurídica necesaria.
María Teresa Vial, presidenta de la CCS, señaló que “la sostenibilidad es un objetivo compartido, pero para implementar adecuadamente una norma que impacta directamente en la operación diaria, se requieren reglas claras y criterios uniformes”. Ante la incertidumbre, el gremio solicitó formalmente pronunciamientos a la Contraloría General de la República y al Ministerio del Medio Ambiente, buscando una interpretación oficial que entregue mayor claridad a los actores regulados.
Según la CCS, contar con directrices claras no solo protege a los establecimientos, sino que también asegura que los objetivos de la ley —promover un cambio cultural en la gestión de residuos— se cumplan de manera efectiva y sin generar perjuicios a la operación comercial.
El gremio advirtió que, sin criterios uniformes, la aplicación de la ley puede generar confusión y sanciones inconsistentes, poniendo en riesgo la continuidad operativa de supermercados y otros negocios. Vial concluyó: “La correcta implementación de una política ambiental exige certeza normativa. Sin reglas claras, se pone en riesgo no solo la operación del comercio, sino también el objetivo de promover un cambio cultural efectivo en materia de gestión de residuos”.
La CCS enfatiza que la colaboración entre autoridades y sector privado será clave para asegurar que la Ley PUSU cumpla su propósito sin generar conflictos ni incertidumbre en el comercio nacional.
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