El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la acción presentada por Polla Chilena de Beneficencia contra nueve personas vinculadas a apuestas online. Entre los querellados figura Sebastián Salazar, exsocio del futuro subsecretario Andrés Jouannet.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta por la Polla Chilena de Beneficencia en contra de nueve personas vinculadas a plataformas de apuestas online, por los presuntos delitos de asociación criminal y lavado de activos.
Entre los querellados se encuentra Sebastián Salazar, identificado como exsocio del futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet. Salazar figura como representante y propietario de la sociedad Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA, conocida comercialmente como Pagadoor.
La acción judicial fue patrocinada por el abogado Isidro Solís y, tras ser declarada admisible, fue derivada al Ministerio Público para el inicio de la investigación penal correspondiente.
Según antecedentes publicados por La Tercera, el libelo sostiene que los imputados habrían instalado “una verdadera organización” destinada a facilitar la comisión de delitos vinculados al juego y las apuestas, mediante una estructura jerarquizada con distribución de funciones específicas.
En este esquema, los denominados PSP (proveedores de servicios de pago) cumplirían un rol clave. De acuerdo con la querella, estas plataformas se comprometían a seguir instrucciones de los sitios de apuestas para acreditar y debitar fondos en cuentas bancarias chilenas, en virtud de contratos publicitarios y financieros que permitirían viabilizar el negocio.
Para la empresa estatal, el sistema descrito no operaría de forma autónoma, sino bajo acuerdos que habrían permitido canalizar recursos provenientes de actividades consideradas ilícitas en el país.
Respecto del presunto delito de lavado de activos, la querella sostiene que los montos recaudados mediante apuestas ilegales eran procesados por estas plataformas de pago y posteriormente enviados a entidades extranjeras que administrarían el mercado. Asimismo, se indica que los premios pagados a apostadores en Chile provendrían de fondos que, a juicio del querellante, deberían ser objeto de comiso.
Tras la admisión a trámite, la causa fue remitida a la Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezada por la fiscal regional Lorena Parra. Hasta ahora, no se ha designado un persecutor específico para llevar adelante la investigación.
La admisibilidad de la querella no implica culpabilidad, pero sí abre formalmente la puerta a diligencias investigativas para esclarecer los hechos denunciados. En un contexto donde el debate sobre la regulación de las apuestas online sigue activo, el caso podría sumar un nuevo capítulo judicial con repercusiones políticas y económicas.
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