La coronel Denise Melgarejo acudió a la Corte de Apelaciones de Temuco con un recurso de protección contra Rubén Pérez, acusando acoso y falta de imparcialidad en el sumario que la mantiene suspendida. Gremios penitenciarios exigen al ministro de Justicia tomar medidas inmediatas.
Un nuevo flanco institucional se abrió en Gendarmería de Chile tras la acción judicial presentada por la directora regional en La Araucanía, Denise Melgarejo, contra el director nacional del organismo, Rubén Pérez.
La oficial ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco acusando situaciones de acoso y persecución, además de cuestionar que Pérez no se haya abstenido de resolver el sumario administrativo instruido en su contra.
El caso tensiona no solo la estructura interna de la institución penitenciaria, sino también el escenario político, luego de que asociaciones de funcionarios emplazaran públicamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, para que intervenga.
La controversia se origina en un sumario administrativo que terminó con la suspensión de Melgarejo, luego de determinarse que ocupaba una vivienda fiscal pese a ser propietaria de un departamento. Un proceso que, según su entorno, tardó cerca de tres años en resolverse y que -acusan- estuvo marcado por irregularidades.
En el recurso presentado el pasado 7 de enero, la directora sostiene que el director nacional no debió intervenir en la resolución del sumario debido a la existencia de antecedentes personales previos entre ambos.
Según antecedentes publicados por el medio Interferencia, el escrito judicial incluiría capturas de mensajes de WhatsApp enviados en 2020 por Pérez a Melgarejo, con contenido de carácter afectivo e insinuaciones personales. Uno de los textos consignados señala: “Usted es una mujer encantadora y cada vez que la veo lamento no haber hecho las cosas mejor para haberla hecho mi mujer”.
La acción constitucional busca que se ordene el cese inmediato de los actos denunciados y se restablezca el imperio del derecho ante lo que califica como vulneración de garantías fundamentales.
El conflicto escaló luego de que la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería y el Frente de Trabajadores Penitenciarios exigieran la suspensión preventiva de Rubén Pérez mientras se investigan los hechos.
Desde el mundo gremial sostienen que la situación afecta la credibilidad institucional y la cadena de mando, en un contexto donde la gestión penitenciaria enfrenta crecientes desafíos en materia de seguridad y gobernanza carcelaria.
Paralelamente, Melgarejo presentó una tutela laboral solicitando una indemnización de 50 millones de pesos por daño moral, además del término inmediato de cualquier acto que considere constitutivo de acoso.
El caso abre un debate mayor sobre estándares de probidad, imparcialidad en procesos disciplinarios y protección frente a eventuales situaciones de acoso en altas esferas del servicio público. Mientras la Corte revisa los antecedentes, la presión política y gremial aumenta.
Ahora la pelota está en la cancha del Ministerio de Justicia. Y en temas institucionales, cuando la confianza se pone en duda, el silencio no suele ser una estrategia sostenible.
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