La acción judicial busca que el Ministerio Público investigue el acceso ilícito a la infraestructura tecnológica del Gobierno de La Araucanía y la eventual extracción de información desde plataformas internas.

---

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Temuco por el delito de acceso ilícito a sistemas informáticos, tipificado en el artículo 2° de la Ley N° 21.459. La acción legal se dirige contra quienes resulten responsables del ingreso no autorizado a la infraestructura tecnológica del Gobierno Regional, con el fin de que se investigue y se esclarezcan los hechos.

Detalles del ciberataque

Según la querella, el domingo 1 de marzo de 2026, entre las 01:40 y 01:50 horas, se detectó un acceso desde una dirección IP ubicada en Temuco. El intruso utilizó una cuenta administrativa, modificó la contraseña sin autorización y se asignó privilegios de alto nivel dentro del sistema. Con ello, accedió al servidor de la Intranet institucional y al sistema de Oficina de Partes, extrayendo datos por un total aproximado de 21,4 MB.

Implicancias para la administración pública y ciudadanía

El gobernador René Saffirio subrayó que los ataques informáticos a instituciones públicas representan un riesgo directo para la seguridad de la información de la ciudadanía.

“Este tipo de incidentes demuestra que debemos fortalecer continuamente nuestros sistemas tecnológicos, proteger la información pública y garantizar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, declaró.

En Chile, distintos organismos públicos han enfrentado incidentes de ciberseguridad, desde filtraciones de datos hasta ataques de ransomware, lo que ha generado la necesidad de implementar protocolos de respuesta rápida, auditorías de seguridad periódicas y capacitación constante del personal.

Medidas adoptadas y acciones legales

Con la querella presentada, se busca identificar a los responsables y establecer eventuales sanciones penales. Además, se instruye reforzar las medidas de seguridad en la infraestructura digital del Gobierno Regional de La Araucanía, incluyendo auditorías adicionales, control de accesos y protocolos de monitoreo.

“La protección de los sistemas informáticos no solo es un deber legal, sino también una responsabilidad ética hacia quienes confían sus datos a nuestras instituciones”, agregó René Saffirio, enfatizando que la acción judicial constituye un precedente para enfrentar futuras amenazas cibernéticas en la administración pública.