Gobierno ingresará indicaciones al proyecto Escuelas Protegidas para extender sanciones a universidades tras agresión a ministra y reforzar la seguridad educacional.
Ejecutivo busca ampliar el proyecto tras agresión a ministra de Ciencias y reforzar medidas contra la violencia en establecimientos educacionales del país
El Gobierno confirmó que ingresará nuevas indicaciones al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, con el objetivo de ampliar sus alcances hacia universidades y centros de educación superior, luego de la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile.
Desde el Palacio de La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló que el Ejecutivo busca avanzar en medidas concretas frente a hechos de violencia que afectan a comunidades educativas en distintos niveles.
“La violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público”, afirmó la autoridad.
Según explicó la vocera, el Gobierno ya presentó una querella por el delito de atentado contra la autoridad y ahora impulsará modificaciones legislativas para fortalecer la seguridad en todos los establecimientos educacionales.
Las indicaciones permitirían incorporar sanciones para estudiantes universitarios involucrados en hechos violentos, incluyendo eventuales restricciones al acceso a beneficios estatales financiados con recursos públicos.
“Las personas que ejercen violencia no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado”, sostuvo Sedini, enfatizando que el debate requiere urgencia política y legislativa.
La ministra confirmó que el proyecto será revisado próximamente en el Congreso, instancia donde el Ejecutivo espera respaldo transversal para avanzar en la iniciativa.
“Esperamos que esta discusión tenga apoyo transversal, no solo en materia escolar, sino en todos los establecimientos educacionales del país”, indicó.
El proyecto “Escuelas Protegidas” ya había avanzado inicialmente enfocado en educación escolar, pero ahora el Gobierno busca extender sus herramientas hacia la educación superior ante el aumento de episodios de violencia registrados en universidades.
Entre las medidas que se analizan, el Ejecutivo estudia endurecer criterios para el acceso a gratuidad y otros beneficios estatales cuando existan conductas que afecten la convivencia educacional.
La vocera subrayó que el objetivo central es resguardar espacios seguros de aprendizaje y convivencia.
“Es impresentable que personas que agreden e interrumpen la sana convivencia educacional mantengan beneficios del Estado”, concluyó.
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